Cuarto intento para celebrar el juicio del 'caso Fara'

Una vez fue por enfermedad de un acusado, otra porque se invalidaron las escuchas telefónicas, otra por cuestiones judiciales previas. El juicio del llamado caso Fara, sobre el supuesto desvío de 1,25 millones de euros de subvenciones públicas a las cuentas privadas de los dirigentes de la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (Fara), está previsto que arranque hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga después de cuatro suspensiones. El caso del desvío de ayudas para la promoción de la etnia gitana, destapado en noviembre de 2001, tiene 15 imputados, para los que el fiscal pide un total de 88 años de prisión.

El ministerio público acusa a los responsables de la Fara entre 1998 y 2001 de apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales. El fiscal reclama además que los acusados indemnicen a las administraciones que concedieron las ayudas en un montante equivalente al dinero supuestamente malversado.

Escuchas

La acusación pública no podrá apoyarse en las escuchas telefónicas practicadas a los dirigentes de la Fara, anuladas en mayo de 2007 por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque sí se mantienen como prueba la documentación intervenida en el registro de la sede de la asociación. En el tiempo transcurrido entre la investigación y el juicio, uno de los imputados ha quedado libre por la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil del que se le acusaba.

La Fiscalía mantiene que los imputados, encabezados por Vicente Rodríguez, alias El Querillo, "comenzaron a desviar cantidades importantes de subvenciones recibidas para darles un uso particular y obtener unos beneficios que en ningún caso revertían en el pueblo gitano". Uno de los casos es la subvención de 709.000 euros recibidos por la Junta para escolarización y alfabetización de niños. Según el fiscal, Fara "no ha justificado ni uno solo de los euros".

Los imputados presentaron presuntamente facturas falsas y firmaban contratos con trabajadores ficticios, según el fiscal. Además, el ministerio público considera que los acusados amenazaron al entonces consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, para que les aumentara la asignación.

Según el escrito de acusación del fiscal, en octubre de 1998 Vicente Rodríguez, jefe de una de las familias que integran en Málaga el conocido clan de Los Charros, accedió, al parecer de forma violenta y antidemocrática a la presidencia de Fara. Junto a él accedieron a los cargos de secretario, tesorero e interventor de la asociación otros tres imputados.