"¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal... por machista y patriarcal!"

Representantes de más de 72 organizaciones feministas, de planifcación familiar y sindicales han presentado esta mañana en los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid 4.000 autoinculpaciones de mujeres por haber abortado y de hombres por haberlas ayudado, dentro de la campaña Por el derecho de las mujeres a decidir, lanzada en solidaridad con las mujeres llamadas a declarar por esta causa. Estos grupos defienden además una reforma de la legislación para que el aborto se borre del Código Penal. El acto, de marcado carácter festivo, ha estado presidido por el grito de "¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!", además de otros lemas que recordaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "los derechos avanzan" o pedían un aborto "libre y gratuito".

Estos colectivos solicitan, en el manifiesto leído ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, "un cambio inmediato de la ley para que el aborto deje de estar considerado como un delito en el Código Penal, que se garantice que se realiza en la red sanitaria pública y que se respete el derecho de las mujeres a decidir". Los organizadores de la campaña, acompañados en el acto por representantes de IU, PSOE y de las clínicas que practican abortos, han apuntado que estas firmas de autoinculpación (2.478 de mujeres que declaran haber abortado voluntariamente "de forma consciente y responsable" y otras 1.422 de personas que declaran haber acompañado a una mujer a abortar) expresan de este modo su solidaridad con las mujeres llamadas a declarar por los juzgados 35 y 47 de Madrid.

Sabanés: "Esto hay que pararlo ya"

También denuncian "la vulnerabilidad jurídica y social en la que se encuentran las mujeres que deciden abortar y los profesionales sanitarios que atienden esta demanda". Las firmas recogidas en Madrid se suman a las ya presentadas en Alicante, Granada, Jaén, Vigo, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zaragoza Barcelona, Asturias, Valladolid, Córdoba y las que el día 8 se entregarán en Valencia, Granada y Cantabria. La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha lamentado tener que realizar este tipo de actos, "después de creer que tenemos unos derechos consolidados, para solidarizarnos y garantizar los derechos de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo". A su juicio, "se ha vulnerado ese derecho. Ha sido más que un procedimiento una persecución y esto hay que pararlo ya".

Por ello, ha reiterado su petición de que exista una ley "que garantice este derecho, porque ha sido una clara vulneración de la intimidad de las mujeres con carácter represivo". En este sentido, ha instado a los partido a "ser claros". "Si Rajoy va a cambiar la ley, si el PSOE va a hacer modificaciones legales para que no pase más esto y por parte de IU está claro que reivindicamos una ley de plazos que sin disimulos garantice el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo". La diputada GIU-ICV Montse Muñoz ha señalado, por su parte, que "el aborto debe salir del Código Penal y debe haber una reforma de la ley para ir a una ley de plazo para que la decisión sea de la mujer dentro del plazo establecido, que les dé seguridad jurídica y que sea un derecho que se haga en el Sistema Nacional de Salud ya que se trata de una prestación sanitaria reconocida".

A su juicio, el hecho de que varias mujeres hayan sido llamadas a declarar es fruto de "una caza de brujas en la que se ha usado la inspección de la Comunidad de Madrid como instrumento de presión a las clínicas acreditadas que prestan un servicio que no ofrece el sistema público, en una ofensiva para limitar los derechos de las mujeres y reducir el derecho de interrupción del embarazo". La secretaria de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSM, Angeles Álvarez, considera que las demandas "han puesto en evidencia que la ley tenía huecos que han aprovechado los grupos ultraconservadores de la derecha", por lo que también ha pedido modificaciones en la ley que garanticen la intimidad de las mujeres que se realizan una interrupción del embarazo y los profesionales que las atienden. Álvarez ha admitido que el PSOE podría haber incluido en su programa electoral la modificación de la Ley del Aborto, como recogía el programa de las elecciones anteriores, si no se hubiera producido la "campaña torticera" que denuncia.

Por los derechos reproductivos

Sin embargo, ha señalado que no es "un paso atrás sino de un paso adelante porque es una estrategia más amplia la que propone el PSOE en su programa". En este sentido, ha recordado que el PSOE ha apostado por una estrategia "que va más allá" de la interrupción del embarazo" pues aborda derechos sexuales y reproductivos, "un capítulo olvidado, para que las jóvenes no se vean obligadas a abortar por falta de información o por no tener acceso a anticonceptivos". A su juicio, una ley de plazos también es insuficiente ya que "deja fuera mucha situaciones que deberían recogerse a través de un reglamento que especifique en cuáles se puede abortar pasado el plazo, ya que ahora se dan casos de mujeres que abortan hasta de siete meses. Eso no es deseable y la estrategia del PSOE pretende que la ley garantice que esa mujer pueda conocer la malformación del feto antes de llegar a ese punto", ha apostillado.

Mientras tanto, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha salido al paso de esta campaña de autoinculpaciones y ha manifestando "tristeza" y "asombro" ante la práctica de abortos en casos de avanzado estado de gestación. "A mí me produce una gran tristeza y asombro que, viviendo en una sociedad que protege a los débiles, veamos que en clínicas se practican abortos, porque son niños de siete meses", ha dicho.