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San Gil, convencida de que simpatizantes socialistas votarán al PP

La presidenta de los populares en el País Vasco basa su afirmación en la pérdida de crédito de Rodríguez Zapatero

María San Gil, la presidenta del PP vasco, ha acusado hoy al Gobierno de utilizar la política antiterrorista en "clave electoral" y ha asegurado que está convencida de que votantes socialistas respaldarán a los populares en las elecciones generales del 9 de marzo tras la pérdida de "credibilidad" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Tenemos un presidente de Gobierno que no ha tenido rubor alguno en reconocer públicamente que ha mentido al conjunto de los españoles", ha subrayado San Gil durante un acto en Bilbao en el que, junto a los cabeza de lista del PP al Congreso por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, han desgranado los ejes del programa electoral de los populares vascos.

San Gil ha afirmado que el centro de su campaña será la defensa de las libertades y la derrota del terrorismo, un asunto en el que, en su opinión, "no se ha hecho nada" en estos últimos cuatro años, en los que España ha "sufrido un retroceso democrático".

"Defraudados" con Zapatero

Por ello se ha mostrado convencida de que hay votantes socialistas "enormemente defraudados" por Zapatero y que el próximo 9 de marzo votarán por la "confianza, la estabilidad", que representa Mariano Rajoy.

La líder del PP vasco también se ha dirigido a los votante nacionalistas preocupados por la deriva "radical independentista" del PNV.

Los otros ejes de la campaña de San Gil serán: el desarrollo de las infraestructuras, la política fiscal y la lingüística. En este sentido, el PP aboga por el ferrocarril, por la Y vasca y su conexión con Madrid.

"Imposición" del euskera

Por último, Ignacio Astarloa, cabeza de lista de PP por Vizcaya ha dicho que su partido va a defender la libertad lingüística con el objetivo de que los ciudadanos puedan elegir la lengua en la que estudien sus hijos frente a la "imposición" del catalán y del euskera. El PP se compromete a que la regulación del castellano sea competencia exclusiva de las Cortes para garantizar un bilingüismo "equilibrado" y a que el conocimiento del resto de lenguas cooficiales sea un mérito y no un requisito para la función pública.