Aplazado un juicio a Julián Muñoz por cambiar de abogado Tomás Reñones

El juicio contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio ha sido aplazado hasta enero al cambiar de abogado uno de los siete ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) también imputados, Tomás Reñones, por "diferencias técnicas" con el letrado que le defendía.

Según ha explicado el hasta ahora abogado de Reñones, Ernesto Osuna, en una reunión que ambos tuvieron la semana pasada "surgieron una serie de diferencias! que no han resuelto, por lo que el ex edil "decidió buscar a otro letrado que se hiciera cargo de la defensa".

De esta forma, según el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de la Audiencia de Málaga, la causa en la que Muñoz y los siete ex ediles se enfrentaban a dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público se celebrará el 17 y 18 de enero del próximo año.

La fiscalía lo ve "irracional y poco coherente"

Reñones, ex jugador del Atlético de Madrid, ha anunciado en el juicio que el letrado que llevará su defensa desde ahora será José Antonio Choclán. El Ministerio Fiscal ha calificado como "irracional y poco coherente esa diferencia de última hora", entre Reñones y su abogado, pero ha aceptado el aplazamiento del juicio.

Así, el 17 de enero el juez interrogará a los acusados, que además de Muñoz y Renoñes son Francisco Javier Lendínez, José Luis Fernández Garrosa, María Luisa Alcalá, José Luis Troyano, Alberto García y Rafael González, y el 18 de enero se llevará a cabo el resto de la causa.

Los hechos por los que hoy iba a ser juzgado Muñoz junto a los ex ediles se remontan a septiembre de 1999, cuando los encausados otorgaron una licencia de obra a la entidad Laelco Inversiones para edificar 89 apartamentos y garajes en la urbanización Guadalpín Norte "a sabiendas", según el Ministerio Público, "de que contravenía las normas urbanísticas vigentes".

Encarcelado desde hace quince meses

Muñoz permanece encarcelado desde hace quince meses, pesan sobre él dos condenas de un año de prisión, cada una por causas urbanísticas, y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios. Las causas penales contra el ex alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.