Aguirre supedita la 'Operación Chamartín' a la planificación de nuevas infraestructuras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha supeditado hoy el desarrollo de la Operación Chamartín a la planificación de nuevas infraestructuras que garanticen la movilidad en la zona y eviten que ésta se colapse a causa de una "densificación" de personas, oficinas y comercios como será ésta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la jefa del Gobierno autonómico ha considerado "imprescindible que se afronten las infraestructuras" necesarias para asumir la "densificación residencial, comercial y de oficinas" que significará dicha actuación urbanística, paralizada desde hace 14 años y que supondrá la prolongación del paseo de la Castellana. El Mundo asegura en su edición de hoy que la operación ha quedado "desbloqueada", al alcanzarse acuerdos con los antiguos propietarios del suelo.

Según este diario, los antiguos dueños del suelo anunciarán que han firmado la paz por 300 millones de euros, que recibirán a cambio de renunciar a sus derechos sobre los terrenos. "Si lo previsto en número de personas que vivan van a ser 100.000 más, unidas a 100.000 más que vengan, esto no se puede afrontar con las infraestructuras que en este momento están", ha argumentado Aguirre, quien ha advertido además que "la postura del Gobierno de la Comunidad ha sido la misma, al menos" desde que ella es presidenta.

El uso de los terrenos

A este respecto, ha recordado cómo su Gobierno aprobó un proyecto de ley en la pasada legislatura "pensando en Chamartín y en Campamento", de forma que, "aunque el planeamiento esté aprobado, la Comunidad de Madrid tiene que determinar en qué manera esas grandes operaciones urbanísticas influyen en los colapsos que luego se generan en las carreteras que tienen una incidencia supramunicipal".

Los antiguos propietarios del suelo, reunidos bajo la Asociación de Reversionistas, llevan años pleiteando y exigiendo que se reconozcan sus derechos de reversión, ya que a ellos les expropiaron los terrenos para construir la estación de Renfe, y no para un uso residencial como el que ahora plantean la empresa gestora, Duch (propiedad del BBVA y de la constructora San José), el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Fomento. En total, son mil dueños, que suman un millón de metros cuadrados de los 3,5 millones de metros edificables de que consta la operación y podrían recibir 300 euros por metro cuadrado.

Al margen de este problema, de fondo continúa el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no se pone de acuerdo con Aguirre sobre quién tiene que hacerse cargo del pago de las infraestructuras. Además hay una disputa sobre el número de viviendas de protección oficial que deben construirse.