Manzano niega que los asesores vetaran la venta de la funeraria

El ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano ha declarado esta mañana como testigo en la Audiencia Provincial, en relación al caso de las supuestas irregularidades en la privatización de la funeraria municipal. Manzano ha asegurado que ni el asesor económico ni el jurídico vetaron la operación.

Si había algo ilegal, tanto el asesor económico como el jurídico podían establecer un veto "y no recuerdo que pusieran impedimento legal alguno ante esta operación", porque si hubieran dicho que no se podía hacer, no se hubiera hecho, ha afirmado Álvarez del Manzano, quien era alcalde cuando en 1992 se vendió el 49% de la funeraria municipal a Funespaña. En este juicio comparecen como imputados el ex diputado y ex concejales del PP, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción pide para los tres seis años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción pide para los tres acusados seis años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, y 19 años para el ex presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, su vicepresidente Juan Antonio Valdivia, y su hermano, Ángel Valdivia, quienes también han declarado ya en calidad de imputados. Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE pide ocho años de cárcel para Huete, Viñals, Moreno, Rodrigo y los hermanos Valdivia por malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas

Una decisión colectiva"

En su declaración, Álvarez del Manzano ha asegurado hoy que la funeraria municipal estaba en una mala situación económica, por lo que se decidió de forma colectiva, por parte de "todo el grupo", en la comisión de Gobierno del Ayuntamiento, optar por la privatización parcial. El ex alcalde ha indicado que no es que hubiera un afán de privatización pero si de resolver el problema económico. Al ser preguntado sobre si conocía los informes contrarios del interventor, ha contestado afirmativamente y ha agregado que eran confusos y contradictorios.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal afirma que Viñals, Moreno y Huete, como responsable políticos de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid "concibieron la idea" de poner cuanto antes la gestión del servicio público en manos de una empresa privada que fuera de su "particular agrado y confianza". Añade que con este propósito asumieron a "toda costa", es decir "aceptando cualquier perjuicio económico" que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento, y con "consciente desprecio" de las garantías y requisitos que la legislación vigente exigía, llevar a cabo un proceso privatizador de esta naturaleza.

En este contexto, y según el fiscal, en marzo del 92, Viñals tomó contacto con Rodrigo Fernández, abogado especializado en derecho administrativo y comunitario, y fruto de esta relación Viñals le encargó diversos trabajos tanto de asesoramiento como de dirección letrada en procedimientos judiciales. Según el fiscal, por este conducto Rodrigo tuvo acceso directo e información de primera mano acerca de la situación jurídica y económica y de las posibilidades comerciales de la funeraria municipal y sobre la posición favorable de sus responsables políticos a privatizarla.

Así concluye el fiscal que Rodrigo "vislumbro la ocasión" y se "formó el propósito de obtener personalmente mediante le enajenación en concurso publico de las necesarias acciones de la empresa". Actualmente, Funespaña es el primer grupo español de servicios funerarios, y está implantada en 38 municipios españoles, en Buenos Aires y Rosario (Argentina) y en la capital de Hungría (Budapest), de acuerdo con la información que la propia empresa tiene colgada de su página web.