Conde-Pumpido pide al Supremo "jurisprudencia clara" si considera a Jarrai organización terrorista

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido Tribunal Supremo (TS) que su pronunciamiento sobre si las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi son considerados grupos terroristas o asociaciones ilícitas, como dictó la Audiencia Nacional el año pasado, permita "una jurisprudencia clara".

La fiscal del Supremo Pilar Fernández y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han recurrido la sentencia por entender que Jarrai complementa a ETA y que debe ser considerada organización terrorista. En declaraciones a los periodistas en Granada, donde clausuró una reunión de trabajo de fiscales jefe sobre la reforma del Estuto Fiscal, Conde-Pumpido explicó que debe ser el TS el que "diga cuál es la jurisprudencia adecuada para el tratamiento de este caso" y los sucesivos.

La fiscal y la AVT solicitaron el jueves que se considere "terrorista" a Jarrai —y a sus sucesoras, Haika y Segi— porque despliegan "una actividad complementaria a la de ETA, mediante la utilización de artefactos explosivos, incendiarios", provocando "daños, coacciones y amenazas". Por lo tanto, estos "actos potencian la actividad de ETA".

El fiscal general del Estado recordó que la "línea mantenida" estos años por el ministerio público había sido la de "encuadrar las organizaciones tuteladas por ETA en el marco del terrorismo", si bien la Audiencia Nacional entendió que "no se podía llegar a una extensión tal del concepto terrorismo y nosotros lo aceptamos, pero pedimos por ello que se pronuncie".

24 condenados

La sentencia que juzga ahora el Supremo, que condenó a 24 miembros de Jarrai, Haika y Segi a penas de entre dos años y medio y tres años de prisión, considera acreditado que la organización se creó en 1978, bajo la dirección de KAS, el aparato político de ETA, y "desde entonces desarrolló violencia callejera como complemento a la actividad política" de la banda armada.

Tanto la fiscal como la AVT piden la revocación de la sentencia de la Audiencia Nacional y solicitan diez años de cárcel para todos los condenados por un delito de integración en organización terrorista. En el caso de estimarse los recursos, los 24 jóvenes condenados tendrían que ingresar en prisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que el jueves celebró la vista del recurso de casación del caso continuaron este viernes sus deliberaciones, que reanudarán el próximo lunes por la tarde, para adoptar entonces una decisión.

Por su parte, el abogado de los jóvenes, Íñigo Iruin, defendió la interpretación que la sentencia hace de organización terrorista y pidió que no se extienda la definición porque "quemar un cajero y matar a una persona son hechos distintos".