Garzón remite a los Juzgados de Madrid el caso del ácido bórico

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado esta noche al decanato de los Juzgados de Madrid la investigación sobre la supuesta falsedad del informe que vincula el 11-M con ETA a través del ácido bórico, después de que así se lo solicitara la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que el caso no corresponde a este tribunal. La inhibición de Garzón supone la anulación de la comparecencia de los tres peritos imputados por un delito de falsedad, prevista para el próximo día 18.

La Fiscalía, a petición de Garzón, le ha entregado un informe en el que se indica que ante la aparición de "hechos nuevos" en su investigación -la falsedad fue supuestamente cometida por tres peritos policiales y no por sus superiores, como se afirmaba en la denuncia que dio pie a la apertura de diligencias- el caso debe ser remitido a los Juzgados de plaza de Castilla. Las fuentes han señalado que la investigación no tiene por qué corresponder ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que recibió otras denuncias contra los responsables policiales, sino que debería ir a reparto ya que, si bien los hechos son los mismos, las personas responsables de ellos pueden ser distintas.

La titular del Juzgado 35, Gema Gallego, ha citado para este viernes a dos de los peritos a los que Garzón imputó un delito de falsedad para que presten declaración como testigos -y no como imputados- en la investigación abierta por los mismos hechos. Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada tomará declaración el lunes al tercero de los peritos que admitieron ante Garzón haber falseado la fecha del informe en el que se relacionaba el 11-M y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados por los atentados de Madrid.

Ofendido no es intimidado

Mientras tanto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, ha respondido con cierto desdén a la petición que ayer realizó Garzón, que solicitó amparo al organismo ante la campaña de acoso contra él por parte del PP y sus medios afines -el juez cita al diario El Mundo, la emisora de radio COPE, la página de Internet Libertad Digital y el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo-. Hernando ha afirmado esta mañana que Garzón "tiene suficiente entidad y ha llevado casos tan importantes y trascendentes" como para que las críticas no le intimiden. Sin embargo, ha añadido, el CGPJ estudiará su solicitud. "Una cosa es que uno se sienta intimidado en su voluntad y otra cosa es que uno se sienta ofendido por las expresiones que puedan proferir otras personas", ha declarado Hernando antes de inaugurar las III Jornadas de Comunicación y Justicia en Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, a continuación ha admitido que aún no se ha leído el escrito presentado ayer por el juez. La Comisión Permanente del CGPJ adoptará una decisión al respecto el martes. "Daremos nuestras razones en un sentido o en otro. Ahora es adelantarse", ha concluido Hernando. Al margen de los medios y el diputado del PP, el magistrado también incluye una denuncia contra el vocal del Poder Judicial José Luis Requero, por injerencia en la actividad jurisdiccional de Garzón, al haber presentado una denuncia ante la Inspección del Consejo. El CGPJ ha rechazado dos veces esta semana amparar al juez. Respecto a la actuación de Requero (que se basó en una información de El Mundo que aseguraba que Garzón había dado un trato humillante y vejatorio a dos interrogados), Hernando ha dicho que el vocal —nombrado a propuesta del PP— se limitó a hacer lo que cualquiera en su posición debería haber.

Dos fiscales de la Audiencia que estuvieron presentes en el interrogatorio elevaron sendos informes en los que aseguraban que la actuación del juez fue "adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal, y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención". Los medios de comunicación afines al PP acusaron a Garzón de prevaricar, de prostituir a la Justicia y de estar al servicio del Gobierno.