El Constitucional da luz verde a Garzón para retomar el proceso contra Berlusconi

El juez puso "en suspenso" el caso hasta que el ex primer ministro italiano abandonara el poder

El Tribunal Constitucional ha dado luz verde al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para reiniciar el proceso por delito fiscal contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, según fuentes del alto tribunal. Garzón decidió hace cinco años "mantener en suspenso" el caso —relacionado con la gestión de la cadena de televisión española Telecinco— hasta que Berlusconi abandonara el poder o, en su defecto, hasta que las autoridades italianas le dieran permiso. Berlusconi perdió las elecciones celebradas el pasado mes de abril, y le sustituyó al frente del Gobierno italiano Romano Prodi.

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La Fiscalía Anticorrupción elevó en noviembre de 1999 un escrito de imputación contra los entonces eurodiputados italianos Silvio Berlusconi y Marcello Dell'Utri por seis delitos contra el fisco español y otros seis de falsedad, por los que correspondería una pena superior a los 20 años de prisión para cada uno. En el escrito se señalaba que "existen fundadas sospechas" de que se realizaron pagos ilegales a miembros de la Administración pública española o de partidos políticos para evitar inspecciones.

En cualquier caso, Garzón no archivó la causa sino que la paralizó provisionalmente. Berlusconi solicitó que se archivara, pero la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional rechazó su recurso siguiendo las tesis del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana. El tribunal reconocía así la inmunidad del empresario italiano pero no su impunidad. Berlusconi presento un recurso de amparo ante el Constitucional, que fue admitido a trámite.

El recurso señalaba que "no existe ninguna razón seria para que se pueda concretar la imputación subjetiva que se hace" contra Berlusconi, y sostiene que Garzón recrea las reglas del procedimiento para "mantener prisionero de una instrucción permanente a un alto representante de un Gobierno extranjero", dándosele peor trato "que a otros jefes de Gobierno extranjeros acusados, mediante querella o denuncia, de prácticas terroristas, genocidas o de desaparición de personas".

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