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Dimite el delegado del Gobierno en Madrid tras la condena de tres policías por el 'caso Bono'

El PP había exigido su cese y el del ministro del Interior, José Antonio Alonso, por ser "responsables políticos" del arresto ilegal de dos militantes de su partido

El delegado del Gobierno en Madrid Constantino Méndez ha dimitido esta tarde, pocas horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid condenase a tres policías a penas que oscilan entre tres y cinco años de cárcel, por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular tras la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada el 22 de enero de 2005, en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado por algunos manifestantes. El secretario general del PP, Ángel Acebes, había pedido hoy la dimisión de Méndez y del ahora ministro de Defensa, José Antonio Alonso como "responsables políticos" del suceso.

En una conferencia de prensa convocada esta tarde en la sede de la Delegación del Gobierno, Méndez ha leído una declaración en la que asegura que, aunque la sentencia es firme y no comparte su contenido, "mis convicciones democráticas me llevan a presentar mi dimisión irrevocable".

Méndez ha querido declar claro que "la sentencia afirma tajantemente que no hubo instrucciones políticas", por lo que la dimisión responde a un ejercicio de "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Responsabilidades políticas

Pocas horas antes, Ángel Acebes ha exigido la dimisión del ministro José Antonio Alonso, que cuando se produjeron los hechos estaba al frente del Ministerio del Interior, y de Constantino Méndez, quien horas antes de la detención ilegal de los dos afiliados populares anunció que habría actuaciones policiales de alcance. Acebes les ha señalado como "responsables políticos" de la detención ilegal.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PP, Acebes ha asegurado que, tras la condena a los agentes que llevaron a cabo la detención ilegal de los dos militantes populares, el ministro Alonso "ya no puede esconderse detrás de los policías", por lo que debe asumir su responsabilidad y abandonar el Gobierno. Además, ha pedido el cese de Méndez, dado que, en la sentencia, el tribunal tiene la "leve sospecha" de que las declaraciones del delegado del Gobierno en las que auguraba que habría detenciones pudieron influir en el quehacer de los policias.

El secretario general del PP también ha explicado que su partido pedirá de forma urgente la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con el fin de analizar en profundidad los hechos ocurridos y ha agregado que trasladarán lo sucedido al Parlamento Europeo, para denunciar la vulneración de los derechos y libertades propios de un Estado de Derecho.

Tres policías condenados

La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres policías a penas que oscilan entre tres y cinco años de cárcel, por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular tras la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada el 22 de enero de 2005, en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue víctima de las actitudes agresivas de algunos manifestantes.

La sentencia ha sido comunicada hoy por el presidente de la Sección 16 de la Audiencia de Madrid, Manuel Hidalgo, al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información (R.R.), a un inspector jefe (J.F.) y a otro inspector (J.L.G.). Al comisario jefe, el tribunal le ha impuesto una pena de tres años de prisión y una multa de seis meses (1.080 euros) por falsificación, dos años de prisión por detención ilegal y otra multa de seis meses por coacciones.

En cuanto al inspector jefe, la Audiencia le condena a tres años y una multa de seis meses por falsificación y a otros dos años de prisión por detención ilegal, mientras que al inspector se le imponen tres años de cárcel y seis meses de multa por falsificación. El tribunal considera probado que los tres policías cometieron un delito de detención ilegal de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

A los dos primeros, la Audiencia les ha sancionado además con el pago de una indemnización de 12.000 euros para cada uno de los dos militantes del PP por el "daño moral" sufrido, "primero al ser detenidos y luego al aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido"

Bono:"Lo vio toda España"

La sentencia del denominado caso Bono hace referencia a las detenciones practicadas tras la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada el 22 de enero de 2005. Aquel día, el entonces ministro de Defensa, José Bono, dijo haber sufrido una agresión durante su presencia en la concentración. Tres días después, dos militantes del Partido Popular que aparecían en fotografías e imágenes de televisión cerca del ministro fueron llevados a comisaría. Allí fueron interrogados y se les hizo firmar un documento de detención, aunque horas después quedaron en libertad.

Tras conocer el fallo, el comisario jefe ha declarado a los periodistas congregados a la entrada de la Audiencia Provincial que se trata de una "sentencia absolutamente injusta, arbitraria y total y radicalmente política", y ha asegurado que tanto él como sus subordinados se encuentran "totalmente hundidos". "Nos consideramos inocentes", ha dicho R.R., quien ha añadido que su único delito ha sido trabajar, y ha anunciado que los tres policías recurrirán ante el Tribunal Supremo esta sentencia.

José Bono ha eludido opinar sobre el fallo ya que, ha señalado, ya no está en la política de forma activa, aunque ha subrayado que los incidentes registrados durante la manifestación de víctimas del terrorismo los "vio toda España", en referencia a las imágenes difundidas en esas fechas por los medios de comunicación. "Me remito a los hechos. Yo fui a una manifestación de solidaridad con las víctimas del terrorismo y con mi hijo. Nos agredieron nos insultaron, lo vio toda España", ha declarado. Sobre la detención de los militantes del PP, Bono ha señalado que "lo que ocurrió después no es de mi incumbencia ni de mi responsabilidad".