El Parlamento andaluz aprueba la reforma del Estatuto con el respaldo de PSOE e IU

El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado esta noche con los votos del PSOE e IU (67 de los 109 diputados) la reforma del Estatuto de Autonomía. El texto, que se refiere en el preámbulo a Andalucía como una "realidad nacional" y que la define en el articulado como "nacionalidad histórica", homologa a la región con Cataluña en competencias. Será la cuarta reforma estatutaria enviada al Congreso esta legislatura tras las de la Comunidad Valenciana y Cataluña y el rechazado plan Ibarretxe.

El debate del proyecto de reforma, rechazado en su integridad por el PP y PA, se ha prolongado durante más de nueve horas, y ha dejado para el final el Preámbulo, uno de los puntos más polémicos, que establece que la Constitución española en su artículo 2 "reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad", y el Título Preliminar, que mantiene la definición de Andalucía como "nacionalidad histórica", al igual que el vigente Estatuto. Estos dos puntos han sido aprobados en solitario por el PSOE, ya que IU y el PA defienden el término "nación", mientras el PP ha rechazado ambas definiciones y tampoco ha aceptado una enmienda ofertada por el PSOE que establecía que Andalucía "como nacionalidad histórica se constituye como comunidad dentro de la nación española".

El proyecto de Estatuto, que la presidenta del Parlamento, la socialista Mar Moreno, entregará el viernes 5 de mayo al presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene un total de 244 artículos (casi triplica el actual), 11 títulos y cinco disposiciones adicionales, entre ellas la deuda histórica, como fuente excepcional de financiación para garantizar los niveles mínimos, y otra que pide que la inversión del Estado sea equivalente a la población andaluza. El texto recurre, en la disposición adicional quinta, al artículo 150.2 de la Constitución para reclamar competencias como puertos y aeropuertos, el servicio meteorológico, tráfico y seguridad vial, la cuenca del Guadalquivir o museos archivos y bibliotecas ubicados en la comunidad.

>Las competencias autonómicas, blindadas

En materia de competencias, blinda las autonómicas para evitar su invasión y considera propia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se incorpora un nuevo Título de Derechos Sociales, de forma que los ciudadanos podrán recurrir a la justicia por los incumplimientos del Estatuto, la ampliación de la paridad entre hombres y mujeres a los órganos colegiados o consultivos de la Junta, y el derecho a la muerte digna y a la libertad sexual, entre otros. Las relaciones bilaterales entre la comunidad y el Estado se establecerán en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad, de nueva creación, mientras que se atribuye a Andalucía la gestión y ejecución de los fondos europeos. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, que abrió el debate por la mañana, defendió la vocación constitucional de la reforma del Estatuto y opinó que el Congreso y el Senado "mejorarán" el texto para "ajustarlo" a las necesidades del Estado.

Chaves rechazó las acusaciones del PP de que las reformas introducidas en el texto estatutario suponen una "ruptura" de España y subrayó que "sí se rompe una forma determinada de concebir el país porque no se puede hacer a la medida de ustedes". Insistió en la idea de que se puede "repetir la historia", en referencia al referéndum del 28 de febrero de 1980, cuando la derecha no respaldó el acceso de Andalucía a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución. El portavoz parlamentario del PP-A, Antonio Sanz, advirtió a Chaves de que si no se alcanza el consenso pasará a la Historia como el "padre de la desunión y la división" entre los andaluces, tras recordar que el Estatuto de 1981 fue apoyado por la unanimidad.

Reprochó que el PSOE se avergüence de la referencia a la unidad de España en el Estatuto y dijo que es fruto de que está "obligado" por sus hipotecas de pactos con los nacionalistas. La portavoz de IU, Concha Caballero, calificó de "innovador" el texto y arremetió contra el PP, al que acusó de pretender que Andalucía "permanezca anclada" en actual Estatuto. La representante del PA, Pilar González, lamentó la "incapacidad" del PSOE para alcanzar el consenso sobre un texto que "no sienta las bases" de la igualdad entre andaluces y el resto de españoles porque el proceso se ha decidido por intereses "ajenos" a Andalucía. La aprobación del nuevo Estatuto se produce después de un año y medio de trabajos en Ponencia y Comisión, desde que en septiembre de 2001 el presidente de la Junta planteara la posibilidad de reformar el texto, lo que ligó a la segunda modernización de Andalucía.