Detenidos dos ejecutivos de una empresa de autobuses por su relación con la trama marbellí

Dos altos ejecutivos han sido detenidos hoy en Madrid por un presunto delito de cohecho en el seno de la Operación Malaya contra la red de corrupción en Marbella. Ambos directivos pertenecen a la empresa de autobuses Portillo, dedicada al transporte urbano e interurbano de la Costa del Sol, Málaga y Algeciras.

Según han precisado fuentes cercanas al caso, los dos arrestados estarían supuestamente relacionados con unos presuntos pagos realizados para la adjudicación de unos servicios de transporte. Al principio de la Operación Malaya, ya se detuvo a Julio de Marco, gerente de Portillo, al que se le imputa un delito de cohecho y que quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros.

En principio, está previsto que mañana pasen a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Marbella los dos nuevos detenidos, cuyas iniciales responden a J.M.V. y J.M.P., y con los que la cifra de implicados en la Operación Malaya asciende a 27. Estos últimos arrestos los han llevado a cabo agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Udyco Costa del Sol.

La Operación Malaya, iniciada en noviembre de 2005 y que continúa abierta, está supervisada por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción. Desde las primeras gestiones se ha orientado a descubrir un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.

Actualmente están en la cárcel la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cuya petición de libertad ha sido rechazada hoy; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, para la que el juez desestimó el recurso contra el auto de prisión; y el asesor municipal de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, también está en prisión el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla; cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid; y el industrial Rafael Ll.

Por su parte, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez; al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente. Además, se fijó otra de 90.000 euros para el letrado Francisco S.Z., de 30.000 euros para Miguel P.C. y de 20.000 para el jefe de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo.

Asimismo, el juez decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra y también decidió poner en libertad, aunque con cargos, al secretario municipal del consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes. De igual modo, el juez Torres puso en libertad, aunque con cargos de blanqueo, a los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Ursula Q.L., Ernesto Ramón Celdrán y J.B.B.G., presunto testaferro de Roca.