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El juez procesa a los nueve agentes del 'caso Roquetas' por lesiones pero no por homicidio

Juan Martínez Galdeano murió en el puesto de la Guardia Civil de la localidad tras denunciar un pequeño accidente de tráfico

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, Estefanía López, ha dictado auto de procesamiento contra los nueve guardias civiles implicados en la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad almeriense el pasado 24 de julio. La juez aprecia en el auto, contra el que cabe recurso de reforma o de apelación, indicios de los delitos de trato degradante y lesiones.

Según los razonamientos jurídicos del auto, se desprende de lo actuado "que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de trato degradante y lesiones", por lo que sostiene que la causa debe continuar por los trámites de procedimiento abreviado. No incluye en el auto ninguna mención a un presunto homicidio.

A partir de este auto, la acusación particular y el Ministerio Fiscal deben presentar en diez días el escrito de acusación en el que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso, sin perjuicio de que puedan "solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".

"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer"

La autopsia certificó que Martínez Galdeano murió en el puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, al que entró procedente de la comisaría de la policía local para denunciar un pequeño accidente de tráfico, por un "fracaso cardiorrespiratorio" provocado por "una reacción adversa a drogas de abuso debida a un consumo previo de cocaína", provocada a su vez por el "estrés" generado por la detención, los golpes y la utilización por los agentes de un aerosol irritante y una porra eléctrica.

A partir de este auto, la acusación particular y el Ministerio Fiscal deben presentar en 10 días el escrito de acusación en el que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso, sin perjuicio de que puedan "solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".

Tras conocer el auto, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha dicho que el Gobierno hizo "lo que tenía que hacer" desde el punto de vista normativo y político. Alonso ha señalado que tanto el ministro de Defensa, José Bono, como el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, tomaron las decisiones normativas que le correspondían a cada departamento mientras que él, como titular de Interior, compareció en el Congreso para explicar lo que había pasado y lanzar un mensaje de tranquilidad. El ministro ha recordado que en su comparecencia dijo que la Guardia Civil es una gran institución, cuya trayectoria limpia y eficaz no se puede juzgar por un comportamiento excepcional. Alonso no ha querido pronunciarse sobre el auto.