Peces-Barba pide a la fiscalía que actúe para tratar de evitar el acto del día 21

El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la que le pide que estudie la posibilidad de que la justicia actúe para evitar el acto que Batasuna (partido ilegalizado por el Tribunal Supremo) celebre el acto que tiene previsto para el día 21 de enero en Bilbao.

Tras reunirse con "distintos colectivos de víctimas", Peces-Barba señala que, "en relación con lo que pudiera ser una falta de respeto a la legalidad, [la celebración de este acto] produciría daños irreparables para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho". En cualquier caso, el alto comisionado deja la decisión en manos de la justicia, a quien "corresponde en exclusiva la interpretación y aplicación de las leyes" y por tanto "tiene la última palabra".

Ésa ha sido precisamente la razón esgrimida por el Gobierno vasco para rechazar el requerimiento elevado por el Partido Popular para que impidiera el congreso nacional que Batasuna pretende celebrar en Bilbao.

Así lo ha comunicado hoy el consejero de Interior, Javier Balza, que ha explicado su decisión alegando que corresponde "únicamente" a la justicia determinar si este acto vulnera la ley. Además, Balza añade que al tener lugar en un recinto cerrado (el Bilbao Exhibition Center) y no en una vía pública, Interior no puede realizar "ningún control ni autorización previa". "No es el poder ejecutivo, y mucho menos un grupo político, quien tiene que dictaminar si se produce vulneración de decisiones judiciales previas", ha apostillado.

Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que "se tomarán las medidas oportunas" para evitar que Batasuna lleve a cabo un acto oficial como pretende. Sin embargo, el fiscal general del Estado ha explicado que los militantes de la formación mantienen su derecho individual a reunirse, por lo que en su opinión no se puede tomar una decisión "precipitada" o "burda", según ha informado la Cadena Ser.

Ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se significó de forma parecida ayer, al asegurar que el Ejecutivo respetará la decisión de la justicia para luego apuntar que la Ley de Partidos (sobre cuya base se ilegalizó Batasuna) es "muy restrictiva" y tiene una "aplicación muy delicada"; así, en su opinión hay que tener cuidado en "respetar los derechos y libertades individuales" (y entre ellos el de reunión).

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están convencidos de que el citado acto está organizado por Batasuna, y trata ahora de aportar pruebas de ello al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que así se lo ha solicitado para decidir luego si lo prohíbe o no.