Bono dice que el Yak-42 "no fue un error humano" sino "una desvergonzada cadena de negligencias"

El accidente del Yakovlev-42 en Trabzon (Turquía), en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, "no fue un error humano" sino fruto de "una desvergonzada cadena de negligencias" que el anterior Gobierno, presidido por José María Aznar, trató de "ocultar interesadamente" practicando el "engaño" y la "mentira". Así lo ha asegurado hoy el ministro de Defensa, José Bono, al presentar en el Senado las conclusiones de la investigación sobre el accidente aéreo elaboradas por una comisión internacional.

El ministro ha desgranado durante casi hora y media los detalles del accidente y las medidas adoptadas por el Gobierno del PSOE para tratar de evitar en la medida de lo posible que se repita una catástrofe similar. En opinión de Bono, la tragedia no se debió sólo a un error humano de los pilotos. Las autoridades españoles hicieron "caso omiso" meses antes del accidente de las constantes quejas que desde muchos organismos se habían elevado para denunciar las condiciones de inseguridad en la que se realizaban los traslados de los soldados en misiones en el extranjero.

En ese sentido, el Ejecutivo actual ha tomado medidas para no "tentar a la suerte", aunque ha reconocido que los errores no se eliminan "por decreto" y que sería "una fantasía" pesar que se puede vacunar a los funcionarios de Defensa para evitar que cometan nuevos errores.

"Cualquier error es una cuestión siempre menor cuando se le compara con la ocultación del error, con el engaño y la mentir", ha apostillado Bono, pese a haber dejado clara su voluntad de pasar página en lo que se refiere a las responsabilidades políticas por la tragedia. "No estamos mejor que cuando se produjo el accidente porque se han perdido muchas vidas, pero tenemos el consuelo de que ahora nuestro militares viajan en mejores condiciones" y su memoria ha sido honrada "de la mejor forma posible" en sus familias y compañeros, ha señalado Bono.

El informe desvela que el avión pertenecía a una compañía libanesa, y no a una ucrania, como se había asegurado hasta el momento. Fue contratado por el Gobierno español para transportar a los españoles, que volvía de Afganistán, por 149.000 euros; los anteriores arrendatarios lo habían hecho por 38.500 euros, es decir, 110.000 menos.