Gil-Robles denuncia que aún hay "riesgo" de violaciones de derechos humanos en España

El Consejo de Europa ha llamado la atención a España porque, a pesar de que ha demostrado un "firme y profundo" respeto a los derechos humanos en su etapa democrática, hay "sectores de riesgo" de maltrato como inmigrantes ilegales, mujeres o gitanos. También denuncia casos de brutalidad policial y la situación en el País Vasco. Es la conclusión a la que ha llegado el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, en su primer informe sobre España, de 72 páginas. El documento, que critica la expulsión de 73 surafricanos que saltaron la valla de Melilla y los sucesos de la comisaría de Roquetas, es fruto de su visita de marzo a Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco, completada en mayo en Canarias y Ceuta por sus colaboradores.

En los 28 años transcurridos desde la restauración de la democracia, España ha demostrado "un firme y profundo compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos", según destaca el estudio, presentado hoy al Comité de ministros del Consejo de Europa. Pese a que Gil-Robles se felicita de la existencia de una "sólida cultura" de respeto a los derechos humanos, advierte de que subsisten "sectores de riesgo". El tratamiento que reciben los inmigrantes indocumentados, el acceso al asilo y el procedimiento de expulsión, con mención específica a las dificultades a las que se enfrentan las autoridades de Canarias, Ceuta y Melilla, constituyen el más voluminoso de los diez capítulos en los que se divide el informe.

Gil-Robles estima que el problema de la inmigración "masiva e incontrolada", que afecta con especial intensidad a los Estados del área mediterránea, como España, necesita el impulso "urgente" de una política común en el seno de la Unión Europea (UE). Pide que se dé un trato humanitario a los inmigrantes y se les garantice el derecho a solicitar asilo, con respeto "estricto" a la legislación vigente, facilitándoles asistencia jurídica e intérprete, y se evite toda expulsión colectiva o irregular. Como segunda preocupación de Gil-Robles, en extensión, le sigue la situación del respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios, donde considera "preocupantes" el "deterioro y el hacinamiento" e "inquietante" el índice de suicidios.

Algunas soluciones concretas

Propone que se construyan nuevos centros y se rehabiliten los existentes y que se introduzcan alternativas a la prisión en régimen cerrado, al tiempo que recomienda revisar el régimen de prisión provisional, cuya duración máxima de cuatro años "parece excesiva". Otro "dato preocupante" es haber detectado más casos de malos tratos en las policías autonómicas -salvo la Ertzaintza- y locales que en los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y considera "fundamental" saber por qué. Llama la "atención" de Gil-Robles que, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en 2004 fallecieron 48 personas en dependencias policiales en todo el país, mientras que Interior las cifra en 15. Gil-Robles recomienda que se investigue de forma "rápida, rigurosa y exhaustiva" todas las denuncias de malos tratos, que ocurren de manera "esporádica y no sistemática" en España.

Lamenta que las denuncias "no sean investigadas sistemáticamente, con la rapidez suficiente y la eficacia necesaria", única manera de dar una respuesta convincente cuando se producen denuncias "falsas e interesadas", como la mayoría de las presentadas por etarras. Insiste en que la acción de ETA y de la kale borroka, "constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales derechos humanos". Gil-Robles insta a las autoridades vascas a ser "extremadamente vigilantes" frente al rebrote este año de la violencia callejera y a perseguir las conductas "delictivas y antidemocráticas" de la ilegalizada Batasuna al amenazar a concejales. Considera "indispensable" dar "carácter prioritario" a la protección y solidaridad con las víctimas del terrorismo y recomienda una ventanilla única para ellos.

Todo un capítulo merece el problema "gravísimo" de la violencia doméstica que sufren las mujeres y que costó la vida a 443 entre enero de 1999 y septiembre de 2004. España ha dado "un paso adelante fundamental en la lucha" contra esa lacra y las leyes aprobadas para combatirla le parecen a Gil-Robles "enormemente" positivas, aunque recomienda más protección para las víctimas y especialmente para las extranjeras. Lamenta, además, que los gitanos sigan sufriendo "cierto rechazo y exclusión social y económica" y sean objeto de "prejuicios y estereotipos". Sobre el sistema judicial español, Gil-Robles recomienda, entre otras cosas, que se reduzca la duración de los juicios, que se puedan apelar todas las sentencias y que se simplifiquen los procedimientos.