Trabajo facilitará el acceso de los inmigrantes no empadronados al proceso de regularización

Los inmigrantes que acrediten su presencia en España antes del 8 de agosto mediante algún documento público podrán conseguir el certificado de empadronamiento, requisito imprescindible para acceder al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno y que concluye el próximo 7 de mayo. Así lo han acordado hoy el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, en un intento de facilitar el acceso de los inmigrantes al proceso regularizador. Los requisitos fundamentales -tener una oferta de contrato de trabajo, estar empadronado y no tener antecedentes penales- no cambian, pero se facilita la inscripción en el padrón y, por tanto, la posibilidad de regularizar la situación ilegal.

Hasta hoy, el requisito fundamental para que un inmigrante regularizara su situación en España en el proceso abierto por el Gobierno era presentar el certificado de empadronamiento, para acreditar que se estaba en España antes del 8 de agosto de 2004. Para acceder al padrón, los inmigrantes debían presentar la tarjeta de residencia y el pasaporte. Ahora, mediante el mecanismo del "empadronamiento por omisión", se podrán aportar otros "documentos públicos fehacientes" que acrediten esa presencia. Esos documentos, que no se han especificado, permitirán la inscripción en el padrón y, por tanto, la inclusión en el proceso de regularización, según ha informado el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, al término de una reunión de dos horas con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE, con los que el Gobierno acordó el Reglamento de Extranjería.

Según ha informado Caldera, tras la reunión, el mecanismo del "empadronamiento por omisión" -existente en la normativa- permitirá la inscripción en el padrón, "en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como prueba documentos públicos fehacientes". Para que este instrumento se aplique de forma homogénea y "con suficientes garantías, la propuesta se trasladará al Consejo de Empadronamiento para que "valore su acreditación" y determine cuáles deben ser dichos documentos públicos.