Bono denuncia que se eligió el Yak-42 por un ahorro "despreciable" de 6.000 euros

El ministro de Defensa, José Bono, ha asegurado hoy en su comparecencia en el Congreso para informar sobre la tragedia del Yak-42 que el avión voló con "dos averías graves" y que su tripulación acumulaba 23 horas de vuelo, además de desvelar que se decidió cambiar el avión un mes antes del accidente, en el que murieron 62 militares españoles, por un ahorro "despreciable" de 6.000 euros. Bono ha anunciado que propondrá el pase a la reserva de dos jefes del Estado Mayor por su responsabilidad en la contratación del Yakovlev.

Bono ha revelado que antes del viaje del Yak se presentaron al menos 16 quejas por parte de los militares, del servicio de inteligencia del Ejército de Tierra y notas del Ejército del Aire, en las que advertían de la falta de seguridad de ese tipo de vuelos, que fueron "ignoradas". Tal y como adelanta hoy EL PAÍS, el ministro ha indicado que cinco empresas intermediarias cobraron comisiones en las sucesivas contrataciones por el alquiler del avión, siniestrado el 26 de mayo de 2003 en Turquía. Para Bono, el accidente no tiene entre sus causas "la mala fe de nadie", pero antes del siniestro "faltó diligencia, celo y ordenanzas militares y después sobró prisa, faltó respeto a las familias y, sobre todo, respeto a la verdad".

Ante el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y una treintena de familiares de los fallecidos en el palco de invitados del hemiciclo, Bono ha rechazado ser "inquisidor ni justiciero" y ha asegurado que no le correspondía a él exigir responsabilidades fuera del Ministerio. "No soy juez, abogado ni fiscal de nadie", ha manifestado. En su relato pormenorizado sobre las causas del accidente, el ministro ha dicho que ese avión no debería haber volado, ya que presentaba "dos averías graves": no le funcionaba la caja de registro de voz de la cabina ni el sensor de combustible. Bono ha concretado que un mes antes del accidente, el Estado Mayor de la Defensa decidió cambiar el avión y sustituir un Tupolev por un Yakovlev por un "ahorro despreciable" que no llegaba a 6.000 euros.

Una pista de aterrizaje por una autovía

Sobre el viaje, el ministro ha señalado que se modificó el plan de vuelo varias veces, faltó el aviso aeronáutico de que la pista del aeropuerto de Manás (de donde partió el avión) estaba cerrada cinco días y seis horas cada día, lo que provocó el retraso en su salida durante seis horas. Este retraso sumó otras seis horas de cansancio a la tripulación. En este sentido, ha agregado que el cansancio del piloto "sin experiencia" desencadenó otros errores, como que confundió la pista en la que debía aterrizar, y a 30 metros del suelo se dio cuenta de que se dirigía hacia una autovía cercana. Ante el error, realizó una elevación en vertical a gran potencia minutos antes de estrellarse.

Sobre la identificación de los cadáveres, el ministro ha recordado que las 30 confiadas a los médicos españoles fueron erróneas debido a "la prisa", y que en ellas "no se usaron datos e indicios disponibles, entre ellos alianzas de compromiso con nombres y apellidos". Con estos datos en la mano, el ministro ha anunciado que pedirá mañana autorización al Consejo de Ministros para "adoptar las medidas que procedan" contra "las Jefaturas del Estado Mayor Conjunto y de la División de Operaciones" que "no hicieron adecuadamente el trabajo de programación, coordinación y seguimiento del contrato y de los vuelos que transportaban a soldados españoles".

Se trata del entonces jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Juan Luis Ibarreta, actualmente segundo jefe de Estado Mayor del Aire, y del entonces jefe de la División de Operaciones, el vicealmirante José Antonio Martínez Sáiz-Rozas, en la ahora comandante del Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad. Ambos pasarán a la reserva, como ya hizo Bono el pasado 9 de julio con el general médico de División Vicente Navarro y el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán.

Cinco medidas para evitar que se repita

Bono ha apuntado otras cinco iniciativas para mejorar la seguridad de los vuelos y establecer indemnizaciones para las víctimas militares o civiles en operaciones de paz. Bono ha señalado que ya ha dado instrucciones al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz Roldán, para que en todas las salidas de tropas al extranjero con transportes no militares esté presente un oficial encargado de redactar "un riguroso parte de incidencias". También ha notificado que en diez días se publicará una orden ministerial que posibilitará que "cualquier militar español pueda alertar o denunciar ante su superior o ante el jefe de su unidad los riesgos" que pongan en peligro su vida.

La tercera medida será la aprobación de un real decreto antes de final de mes para fijar indemnizaciones a víctimas en labores de pacificación. Esta medida beneficiaría a militares, periodistas, diplomáticos, policías y guardias civiles, así como a miembros de ONG. La cuantía económica guardará similitud con las de las víctimas del terrorismo y tendrá carácter retroactivo. El ministro ha adelantado además que las Fuerzas Armadas dispondrán de un protocolo de identificación de víctimas "ante cualquier eventualidad que pueda tener lugar en el futuro" con el fin de evitar errores como los del Yak-42. Por último, Bono ha dado a conocer que en los futuros contratos de transporte el Estado Mayor de la Defensa inspeccionará los aviones para asegurar que los soldados viajen con "similares garantías" que los aviones de líneas regulares.