Interior cree que las cuatro últimas bombas de ETA fueron colocadas por los mismos terroristas
Las características de los cuatro artefactos, en lo que se refiere al material y a la cantidad del explosivo, indican que las bombas eran "similares"
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha señalado hoy que los investigadores manejan la hipótesis de que los artefactos que explotaron ayer en Santander y Gijón fueron colocados por las mismas personas que pusieron otras dos bombas el pasado sábado en San Vicente de la Barquera (Cantabria) y Ribadesella (Asturias).
Camacho ha explicó que las características de los cuatro artefactos, en lo que se refiere al material y a la cantidad del explosivo, indican que las bombas eran "similares", aunque insistió en que continúan las investigaciones y los análisis de los explosivos. Los cuatro explosivos rondan entre los 200 y 300 gramos y, en el caso de los que estallaron el pasado sábado, están compuestos por amonal. Las pesquisas "hacen
pensar" que los cuatro artefactos fueron activados a través de un temporizador.
Aunque señala que no se ha producido una reivindicación por parte de ETA más allá de la llamada de aviso antes de las explosiones, la forma de actuar apunta que "puede ser la misma mano" la que colocó los explosivos de Santander, Gijón, San Vicente de la Barquera y Ribadesella. "La banda terrorista quiere poner de manifiesto que está ahí, que no está reflexionando, que no ha llegado a la conclusión de que hubiera sido adecuado abandonar la violencia, que es lo que se habló que era posible que estuviera haciendo en los últimos meses, y que está dispuesta a chantajear y a coaccionar a la ciudadanía y a la sociedad española y a amenazarla y aterrorizarla con actos de este tipo", indicó.
Además, ha asegurado que en la actualidad "no existen elementos" que lleven a pensar que se puedan producir nuevas acciones terroristas, como las cuatro ocurridas esta semana en Asturias y Cantabria. En su opinión, ETA se encuentra "en una situación complicada", pero indicó que esto no supone que los cuerpos de seguridad del Estado relajen su vigilancia ni que el Gobierno "haya reducido el control y el seguimiento de las actividades de la organización".
