El ex secretario de Exteriores dice que el contrato es legal y habitual

El ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ramón Gil-Casares ha querido salir hoy al paso de la información difundida por la cadena SER según la cual el anterior Gobierno firmó un contrato con un lobby de EE UU para que éste realizara gestiones encaminadas a la concesión de la medalla del Congreso a Aznar. Gil Casares ha reconocido que el contrato existe pero ha precisado que éste es "perfectamente legal y habitual", que tiene carácter general y que en ningún caso detalla acciones como la concesión de la citada medalla.

"No es que se haya firmado un contrato para el presidente Aznar; es un contrato de tres años, que no recuerdo si está totalmente pagado, pero que sigue vigente y supongo que seguirá trabajando con la embajada de España en Washington", ha afirmado Gil Casares. El ex secretario de Exteriores ha subrayado que el contrato "no especifica acciones porque no quisimos atarnos" y tan sólo precisa la "ayuda a los intereses de España y la mejora de la imagen".

Según Gil Casares, se trata de un contrato "público con todos los beneplácitos que se requieren, tanto de la asesoría jurídica como de la intervención del Estado", y ha añadido que España ha tenido antes este tipo de contratos en el área comercial, pero que éste es un contrato "con carácter general". Así, ha recordado que entre los asuntos manejados por el despacho figuran "todo el tema de los hispanos, de apoyo a sectores que habían tenido problemas, en especial los cítricos, la imagen del terrorismo y el que los terroristas no son pobres independentistas que estén machacados; cosas así".

"Campaña publicitaria con fondos públicos"

Muy distinta es la impresión del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. Llamazares ha pedido hoy que se investigue la supuesta "malversación de fondos públicos" del ex presidente del Gobierno José María Aznar por haber "contratado una campaña publicitaria con dinero del Estado, para conseguir una medalla del Congreso norteamericano".

Llamazares ha asegurado que si se demuestra que el Gobierno pagó para favorecer la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU "eso en castellano es usar fraudulentamente el dinero público", por lo que "hay que investigarlo y penalizarlo por parte del actual Gobierno, la Judicatura y la Fiscalía".

También ha pedido la "suspensión cautelar" en su cargo del nuevo responsable del Directorio Ejecutivo Contra el Terrorismo de la ONU (CTED), Javier Rupérez, hasta que se conozca si representó un papel en el supuesto contrato cuando era embajador español en Washington, ya que "estamos ante un posible delito".