La comisión del 11-M no contará con los informes del CNI que avisaban del riesgo de atentados

La comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid tendrá acceso a todos los documentos solicitados al Gobierno, excepto a seis relacionados con la estructura y funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con servicios secretos extranjeros u organizaciones internacionales.

En total, han sido 38 los documentos analizados hoy y, de ellos, sólo seis, todos ellos del CNI, mantendrán su clasificación y, de acuerdo con la legislación vigente, no podrán ser entregados a la comisión ni consultados por el Parlamento. De esta manera, se quedará fuera del control parlamentario uno de los textos clave en la investigación: la nota informativa del CNI, de 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomar en serio las amenazas del líder de Al Qaeda, Bin Laden, contra España. El ministro de Defensa, José Bono, expresó su rechazo a desclasificar dicho informe porque contiene datos facilitados por servicios de inteligencia extranjeros y ése es el tope que marca la legislación española para desclasificar secretos.

La ley del CNI, de 6 de mayo de 2002, es clara en este asunto y excluye expresamente del conocimiento del Congreso aquellas materias clasificadas "relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de información clasificada".

Los documentos afectados por la prohibición gubernamental son los remitidos por los servicios secretos de otros países sobre los posibles autores de los atentados y dos informes del MOSAD israelí sobre la presencia de Al Qaeda y de terroristas de esta organización en España.

A esos tres se suman los informes de los servicios de información de Estados Unidos y del Reino Unido sobre la presencia de terroristas que pudieran tener relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el informe de los servicios secretos de Marruecos tras los atentados de Casablanca para comprobar si se realizó un seguimiento a uno de los cerebros del 11-M, Jamal Zougam.

Los informes desclasificados

En cambio, según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha acordado desclasificar totalmente y remitir "de forma inmediata" al Congreso los documentos calificados como secretos relativos a cinco peticiones, porque su conocimiento por "personas no autorizadas" no pone en riesgo la seguridad del Estado.

Los documentos desvelados son las notas informativas entre los responsables del Ministerio del Interior y los servicios antiterroristas del Departamento y el informe sobre la evolución de los medios personales y materiales de las unidades encargadas de la lucha contra el terrorismo desde los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 hasta el atentado de Casablanca en 2003. También se ha cancelado el carácter secreto de los análisis policiales posteriores al 11-S y de las posteriores amenazas y atentados del terrorismo islamista, así como de los retratos robots realizados por Interior y de los informes remitidos a cuerpos policiales extranjeros entre el 11 y el 14 de marzo pasados.

Además, el Gobierno ha autorizado la consulta por los miembros de la comisión, en sesión secreta, de los relacionados con otras ocho solicitudes, y hacer posible el conocimiento, en una sesión secreta de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, de documentos referidos a otras 19 peticiones. Entre estos se encuentran los informes del CNI sobre la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en Irak.