Un año después del accidente de Trebisonda

Un año después de que un aparato Yak-42 se estrellase en Turquía matando a 62 militares españoles, el ministro de Defensa, José Bono, ha afirmado que el Gobierno del PP cometió una "negligencia" en la identificación de los cadáveres, hecho denunciado ante la Audiencia Nacional por familiares de los fallecidos. Se trata sólo de una de las polémicas que surgieron tras el siniestro del aparato, que traía a los militares de regreso a España a desde sus misiones en Afganistán y Kirguizistán. Algunos de ellos ya habían denunciado las condiciones en que se realizaban estos vuelos.

Yakolev 42 es el nombre del avión que el pasado 25 de mayo despegó de Kabul con 12 tripulantes a bordo. En Bishkek (Kirguizistán) recogió a 62 militares españoles que regresaban a España tras pasar cuatro meses en este país y Afganistán, formando parte de la cuarta agrupación española de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF).

El avión, un trimotor de fabricación rusa alquilado por la OTAN a través de NAMSA -agencia de transporte utilizada por los países de la ISAF para desplazamientos de larga distancia- tenía previsto realizar un repostaje a las dos de la mañana en la base turca de Trebisonda. Pero algo falla. El Yak 42 realiza dos intentos frustrados de aterrizaje y, en el tercero, se estrella cerca de Maska, a 20 kilómetros al sur del aeropuerto.

En el accidente fallecen los 74 ocupantes del aparato. Entre lo 62 españoles fallecidos había miembros de 15 unidades militares diferentes. El grupo estaba compuesto por 40 militares del Ejército de Tierra, 21 del Ejército del Aire y un guardia civil.

Denuncias previas

Tras el accidente comienzan a surgir inquietantes informaciones que apuntan que los vuelos no contaban con las medidas de seguridad apropiadas. Varios militares habrían informado con antelación al accidente sobre las condiciones en las que se desarrollan los vuelos que gestiona NAMSA, expresando quejas sobre la disposición de la carga en los aviones o el estado de conservación de estos. El Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, niega conocer estos informes negativos, mientras las críticas de la oposición arrecian.

Pero las dudas sobre la actuación de la administración española no se refieren sólo a lo hecho antes del accidente. Tras el siniestro, menos de 48 horas depués de que el Yak-42 se estrellara, 30 cadáveres estaban sin identificar, según el documento firmado el 28 mayo por 23 personas entre fiscales, médicos, dentistas y biólogos y dos generales representantes del Ministerio de Defensa. Pese a ello los cuerpos fueron repatriados y, según las autoridades, identificados con fiabilidad.

Dudas sobre la identificación

Los familiares de las víctimas no creyeron la versión del Ejecutivo, y a través de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 presentaron una denuncia contra el general Vicente Navarro y el subdirector general de Política de Defensa, José Antonio Beltrán, por falsificación y prevaricación de documentos. Navarro y Beltrán fueron quienes acudieron a Turquía y firmaron el Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación que ahora el Ministerio de Defensa asegura no poseer. En su momento declararon haber conseguido determinar la identidad de 32 de los cadáveres, basándose "en factores identificativos como sus objetos personales, su graduación militar, sus chapas de identidad, sus pasaportes, su documentación militar y sus nombres sobre sus uniformes".

Las dudas sobre la identidad de los militares se podían haber despejado con la realización de pruebas de ADN, lo que habría demorado la repatriación no más de cuatro días, según los expertos. Ahora miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 se disponen a solventar las dudas, con un viaje a Turquía en el que se realizan las pruebas necesarias para la identificación de los cadáveres.