Interior pretende reforzar el control de datos para hacer frente al terrorismo

El Ministerio del Interior pretende reforzar la lucha contra el terrorismo aumentando su capacidad para acceder a los datos de los ciudadanos. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha presentado esta tarde en el Congreso un paquete de iniciativas que, entre otras cosas, plantea medidas legislativas para el acceso a las bases de datos de empresas, el control de envíos de fondos y transferencias electrónicas e incluso la identificación de los usuarios de tarjetas telefónicas prepago.

El ministro, que no ha explicado con detalle las medidas, ha puntualizado que el acceso a las bases de datos "se hará dentro de la ley y con todas las garantías judiciales", distinguiendo entre las policiales (de acceso compartido), las públicas (mediante regulación legal al respecto) y las "de datos personales dentro de los previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos". También ha mencionado el acceso a información de "organismos y empresas privadas", como por ejemplo los "pasajeros de vuelos, vehículos transportados por barco, seguros obligatorios de vehículos, compañías de telecomunicación", etc.

Junto con las medidas citadas, Alonso detalló un paquete de reformas legislativas que tratarán de hacer por consenso. En este sentido, ha indicado que sobre bases de datos, "bastaría con incluir en una ley, en desarrollo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la posibilidad de acceder a datos necesarios para la seguridad del Estado, y en especial para la lucha contra-terrorista, con las garantías jurídicas suficientes y con pleno respeto a los derechos constitucionales".

También ha citado reformas legislativas para "posibilitar el control de envíos de fondos, y transferencias electrónicas para evitar la utilización de organizaciones sin ánimo de lucro como fuente de financiación del terrorismo", la "ampliación del fichero de la Central de Riesgos del Banco de España que permita identificar a los titulares de productos financieros, potencialmente peligrosos para la seguridad del Estado".

También ha mencionado el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, exigiendo colaboración a las operadoras en la posible identificación de las tarjetas prepago; mayor control en materia de hospedajes, alquiler de vehículos o confección de placas de matrículas, así como la mejora de la legislación sobre el control de explosivos. Ha destacado también Alonso la necesidad de mantener la colaboración internacional en la lucha antiterrorista, especialmente con Francia y los países del Magreb, sobre todo Marruecos.

Triplicar los recursos

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, Alonso ha anunciado que el objetivo del Gobierno es llegar a triplicar en año y medio los recursos humanos y técnicos de las Unidades Centrales de la Policía y la Guardia Civil en su estrategia contra el terrorismo. Alonso ha explicado que su Departamento tiene como prioridad la lucha contra el terrorismo de ETA e internacional, un problema éste último para el que se prevén acometer ocho reformas legislativas e incrementar los efectivos actuales en unas 600 unidades, entre Guardia Civil y Policía. Igualmente, se pretende dotar a las autoridades de traductores, en especial de árabe, para las comunicaciones que puedan interceptarse.

Además, los agentes de Información dispondrán de un "estatus específico", al estilo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) o los Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX), lo que les permitirá un aumento en sus retribuciones.