"Es necesaria una ley para poder controlar a los imames de las pequeñas mezquitas"

Amigo de José Luis Rodríguez Zapatero (desde los 13 años) antes que juez (desde los 25), este leonés de 44 años, casado y con un hijo, ha sido elegido por el Partido Popular como el primer objetivo a tumbar. Pero José Antonio Alonso no se rinde fácilmente. Cuando tenía 32 años, un preso llegó a su juzgado de lo Penal, el número 14 de Madrid. Alonso ordenó, como hacía siempre, que le quitaran las esposas: "Mi trabajo consiste en juzgar a la gente sin grilletes, porque no son animales y se debe respetar su dignidad". El reo sacó un estilete del bolsillo de la americana, recorrió los seis metros que le separaban de la fiscal y arrimó su amenaza al cuello de la mujer: "La mato si no salgo de aquí". Alonso y el secretario judicial le acompañaron a la calle y le indicaron el furgón para huir. Cuando el preso levantó la vista sin apartar el estilete de su víctima, Alonso le sujetó del brazo y el secretario le cogió por detrás. Entre ambos le desarmaron.

"Sería posible, y lo estamos considerando, ir a un registro de control de actividades religiosas"

"Las fuerzas de seguridad no me han dicho que esté cerrado el caso del 11-M"

"En las ciudades pequeñas hay que potenciar mucho las brigadas de extranjería"

"Recibimos una mala herencia en seguridad ciudadana y una buena en la lucha contra ETA"

El juez metido a político es desde hace días protagonista de la mayor polémica surgida en torno al Gobierno socialista. Ni su gesto ni su tono expresaban el pasado viernes preocupación.

Pregunta. En el debate de investidura, Rajoy apuntó que usted había descalificado reformas legales contra el terrorismo. Una semana después, el ex ministro del Interior, Ángel Acebes, le ha llamado miserable por aludir a la imprevisión política que hubo en torno a la amenaza del terrorismo islamista. ¿A qué cree que se deben estos ataques, a sus imprudentes declaraciones o a una estrategia premeditada del PP?

Respuesta. La polémica que monta el PP es completamente artificial. A una pregunta que me hace Iñaki Gabilondo, genérica, sobre qué tal ha ido la lucha antiterrorista, yo hago una respuesta genérica y neutra. Digo que ha habido imprevisión política, explicando que en este país no se ha pensado ni trabajado mayormente sobre el terrorismo islámico, algo en lo que coincide universalmente todo el mundo. El PP retuerce esta declaración que yo hago y la vincula con el 11-M e interpreta que les culpamos de ese atentado. Pero ni del texto ni del contexto se puede extraer esa interpretación interesada, es imposible. Tengo claro que los insultos tremebundos que lanzaron contra mi persona tienen que estar fuera de los códigos políticos y de la vida política de este país. Nosotros no responderemos en esa escala de virulencia verbal jamás en la vida.

P. ¿Le sorprendió un ataque tan duro con tan poco tiempo al frente del ministerio?

R. Dice una ministra con bastante gracejo que el Gobierno le va a dar 100 días a la oposición.

P. ¿Están las fuerzas de seguridad del Estado preparadas para combatir la amenaza terrorista de origen islamista en España?

R. Tenemos gente, por los muchísimos años que llevamos de lucha antiterrorista, que está extraordinariamente bien formada. Ahora lo que hay que hacer es trabajar en un terreno muy poco trabajado, que es el terrorismo islámico. Por cierto, no sólo en España, sino en todos los países de nuestro entorno geográfico y político. Y para eso hay que invertir en medios, inteligencia, en servicios de información, en formación de policías, hay que reorganizar la policía y la Guardia Civil y hay que inyectar muchos medios materiales.

P. ¿Luego ahora no se estaría preparado?

R. La gente está preparada, porque tiene aptitudes personales y cualificación suficiente para hacerlo, pero tiene que tener las condiciones objetivas que les permitan, utilizando esa aptitud, abordar el fenómeno. Esperamos ofrecer resultados en un plazo razonable. Recuerdo, no obstante, lo bien que han investigado y han tirado del hilo a la hora de detener y de entrar en la célula que cometió los atentados del 11-M. Eso demuestra que hay muy buena preparación y que se conoce mucho mejor de lo que se piensa el fenómeno del radicalismo islámico.

P. ¿Planea reformas legales para combatir esa amenaza?

R. Las leyes de represión del terrorismo son suficientes. Pero lo que habrá que mejorar mucho es la legislación administrativa de control de estas actividades de radicalismo islámico. Hay que ir a un escenario legal en el que se pueda controlar a los imames de las pequeñas mezquitas, que es donde se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones.

P. ¿Y eso cómo se hace?

R. Sería posible, y lo estamos considerando seriamente, ir a un registro de control de actividades religiosas, de todas, no sólo de las islámicas, donde conste de modo claro, sin tapujos, quién es la persona encargada de oficiar los cultos y qué tipo de cultos...

P. ¿Se ha fijado en algún modelo para esa reforma?

R. Se habló mucho, aunque no creo que sea aplicable porque el panorama legal es distinto, del Consejo Nacional Islámico francés. Pero aquí se trataría de otra cosa. En Francia hay una especie de ley de asociaciones religiosas y otra ley de asociaciones general. La gente del mundo islámico se apunta a esta última...

P. ¿Y piensan ustedes acometer una reforma legal?

R. Yo sí lo estoy considerando seriamente, lo tengo como criterio político en la cabeza. Nosotros no podemos nombrar al imam que vaya a oficiar el culto, pero sí podemos exigir al imam o al predicador del culto que sea, que se sepa quién es y qué va a decir, en la iglesia o la mezquita.

P. ¿Y eso no vulneraría el derecho a la libertad de expresión? ¿No sería inconstitucional?

R. Creo que no hay ninguna duda constitucional, porque las libertades constitucionales tienen su limitación en el hecho de que choquen con otras libertades constitucionales. Estamos hablando de un fenómeno que puede eventualmente generar el caldo de cultivo de un terrorismo que causa muertes... En este país hay libertad ideológica y libertad de expresión, pero esas libertades constitucionales tienen que ser ejercidas constitucionalmente. Toda persona puede decir lo que quiera; otra cosa distinta es que el Estado tenga derecho a saber lo que dice cuando esa actividad es pública y puede generar ese tipo de escenarios. Yo rechazo que se trate de un problema de garantías constitucionales. Sólo hay una exigencia de que esas garantías y esos derechos y libertades fundamentales se ejerzan constitucionalmente. Cada cual puede decir lo que quiera, y predicar lo que le dé la gana pero el Estado tiene derecho a saber lo que dice y lo que predica, y, en su caso, a tomar las medidas oportunas.

P. ¿Revela un mal funcionamiento de las fuerzas de seguridad el hecho de que dos de los supuestos implicados en el 11-M fueran confidentes de la policía?

R. El tema será puesto en manos de la autoridad judicial y nos remitimos a lo que diga. Eso es todo lo que puedo decir. Se investigará por la policía y la investigación se pondrá a disposición de la autoridad judicial, que decidirá lo que tenga que decidir.

P. ¿Al juez se le comunicó que eran confidentes cuando fueron detenidas estas dos personas?

R. No lo sé. Insisto en que eso corresponde a la parte judicial del sistema y hay que ser especialmente escrupuloso.

P. ¿Están todos los autores del 11-M en la cárcel?

R. Yo sólo daré por cerrada esa investigación desde el plano policial cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me digan que eso está cerrado. Y a mí no me lo han dicho.

P. ¿Aún hay riesgo de un atentado de este tipo de terrorismo?

R. No se pueden hacer previsiones de futuro. Lo único que puedo decir es que hay que estar con toda la atención y la previsión y hacer todo lo humanamente posible. Y en eso estamos.

P. ¿Está la banda terrorista ETA más debilitada que nunca?

R. Yo puedo tener mis análisis y compartirlos con más gente, pero estoy obligado a tener la disciplina mental de no bajar la guardia. La seguridad está por encima de cualquier hipótesis. No puedo tener ninguna hipótesis, sólo decir a las fuerzas de seguridad que sigan deteniendo y haciendo lo que deban hacer.

P. ¿Cree posible una tregua de ETA?

R. Son cuestiones de futuro, de pura hipótesis, y no me puedo permitir hipótesis.

P. ¿Si ETA abandonara las armas, cabría el diálogo?

R. De nuevo es una respuesta de hipótesis. Esa respuesta, el ministro del Interior no la puede ni siquiera considerar. Es una pregunta que creo que yo no puedo responder, pero comprendo que la haga el periodista.

P. ¿El plan Ibarretxe complica la lucha antiterrorista?

R. El plan Ibarretxe es vertebralmente inconstitucional, no hay que considerarlo ni siquiera como objeto político porque es esencialmente inconstitucional.

P. ¿Hay que reforzar algo en especial o redistribuir tareas dentro de las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo de origen islamista?

R. Hay que potenciar determinados servicios operativos. Por ejemplo, en las ciudades pequeñas hay que potenciar mucho las brigadas de extranjería y hay que dotarlas mucho.

P. ¿Qué herencia ha recibido del PP en este ministerio?

R. Hemos recibido una mala herencia en materia de seguridad ciudadana y una buena herencia en la lucha contra ETA, porque el PP ha disfrutado, y espero que este Gobierno también, del pacto antiterrorista, que es un instrumento político muy importante en la lucha contra el terrorismo de ETA que ha dado muy buenos resultados.

P. ¿Va a cambiar a los mandos policiales que se encargan de la lucha antiterrorista?

R. Analizaremos primero con toda prudencia y tranquilidad cómo funcionan las cosas, y lo que funcione bien continuará y lo que funcione mal se cambiará, pero no tenemos ningún prejuicio de antemano porque confiamos en la profesionalidad y eficacia de las fuerzas de seguridad.

P. ¿Qué asuntos hay que analizar en la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista?

R. Hay que ver cómo está la temperatura política del pacto, cómo ha afectado el resultado electoral, cómo está la colaboración con Francia... Todo aquello que pueda mejorar la lucha antiterrorista desde ese pacto.

P. ¿Y van a hablar de estrategia ante el terrorismo islamista?

R. El pacto antiterrorista se firmó bajo unas coordenadas determinadas. Mi impresión personal es que los criterios del pacto antiterrorista español son criterios intelectuales magníficos para aplicarlos a otro tipo de terrorismo. Tengan en cuenta que se habla de unidad de los demócratas contra el terrorismo, de apartar las cuestiones antiterroristas de la pelea política coyuntural y de que no se va a pagar ningún precio político al terrorismo. Éstos son criterios en los que yo creo que toda la comunidad internacional está de acuerdo en cuanto al terrorismo islámico.

P. ¿Se va a abordar el terrorismo islamista en la reunión?

R. Seguramente se puede abordar, pero en el terrorismo islamista está todo el mundo de acuerdo en este país en lo que he subrayado antes.

P. El pacto dice que todas las iniciativas legales para la estrategia antiterrorista deben ser pactadas en su seno. ¿También pactará en ese foro las reformas legales contra el terrorismo islamista?

R. Nosotros preferimos hablar de terrorismo internacional, en este caso con una base ideológica de radicalismo islámico. Queremos, para no alimentar xenofobias, distinguir de modo muy claro entre la comunidad islámica, que viene y trabaja aquí y es bienvenida siempre que se acomode al estatuto constitucional y legal español, de la gente que está metida en los círculos potencial o realmente terroristas.

P. ¿Pero se van a llevar esas modificaciones legales al pacto?

R. Sería deseable que sí.

P. ¿Le gusta que el ministro de Defensa haya nombrado como director del CNI a un hombre de partido y de su máxima confianza como quien era hasta hace poco su consejero? ¿No hubiera preferido usted a un juez o a un diplomático, alguien con un perfil más aséptico?

R. Un cargo público tiene que reunir dos condiciones, competencia profesional y política para gestionar el cargo para el que es nombrado, y confianza y lealtad. El nombrado reúne esas dos condiciones. Dicho esto, no comprendo que se le hagan al nuevo director del CNI determinados juicios de intenciones, porque es un hombre que en su vida política ha demostrado esa competencia y lealtad. Tiene derecho a un respeto de principio.

P. ¿Va a contar con el CNI en su plan especial antiterrorista?

R. Tenemos que lograr una plena y perfecta coordinación entre los servicios de información y de inteligencia, y entre los de dentro del país y los de fuera del país. Tendremos que priorizar nuestros recursos, tendremos que tener inteligencia exterior en los países donde más nos interese. Se está trabajando en ese camino.

P. El mando unificado se ha convertido en motivo de crítica del PP por un supuesto incumplimiento del programa electoral, dado que no va a haber una persona que se encargue de ello. ¿Lo explicaron ustedes mal o han incumplido una promesa electoral?

R. No sé si ha sido una mala interpretación o la misma política retorcida del Partido Popular, que yo creo que fue esto último. La estructura orgánica de Interior es un ministro, un secretario de Estado del que cuelgan las direcciones generales de la policía y la Guardia Civil. Es decir, que el mando único se llama secretario de Estado y eso va a seguir siendo así y va a haber un director general de la policía y otro de la Guardia Civil, porque son cuerpos de naturaleza muy distinta, con funciones y tradiciones muy distintas. Eso es lo que hay desde que yo recuerdo. De lo que se trata ahora es de generar las sinergias de coordinación, que es el principal problema que hay entre las fuerzas de policía y Guardia Civil, y para generar esas sinergias no hay que nombrar a una persona al frente operativo de policía y Guardia Civil, porque eso no es posible.

P. ¿Entonces?

R. Lo que hay que hacer es una buena estructura de coordinación. Vamos a crear un comité para el ejercicio del mando unificado formado por el secretario de Estado, los directores generales de la Guardia Civil y la policía y el director o directora general de infraestructuras y el director del Gabinete del ministro.

P. ¿Cree suficientes los medios que tiene la Administración para el control de fronteras y el combate contra la inmigración irregular o hay que reforzarlo?

R. Hay que reforzar eso y la colaboración internacional, por ejemplo con Marruecos. El otro día estuvimos en Marruecos y hay muy buen ambiente para que haya menos flujos de inmigración ilegal desde allí.

P. ¿Cree que un millón de inmigrantes irregulares, según la cifra que se baraja, constituye un problema para España?

R. Subjetivamente no debe serlo. Nosotros tenemos que integrarlos a toda costa. Pero objetivamente son un problema...

P. ¿Cómo se resuelve, dándoles papeles?

R. Tratando de integrar a la mayor parte de gente posible, pero tiene una mala solución. La secretaria de Estado para la Inmigración [Consuelo Rumí] tiene una tarea ingente y como es un asunto propio de su competencia me voy a remitir a sus criterios.

P. Los ficheros de documentación y extranjería, ¿también pasan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?

R. No. Yo creo que el Ministerio del Interior se tiene que quedar con todo el aspecto represivo y de control de los flujos migratorios. La Secretaría de Estado para la Inmigración se va a llevar los aspectos sociales, por ejemplo, todos los temas de integración social, de su estatuto político, de salidas laborales y de vivienda. El control, sanción y expulsión va a seguir en Interior.

P. ¿Cree necesario hacer cambios en el Código Penal tras el vuelco que le dio a esa norma básica el PP para eliminar aspectos como el que permite meter en la cárcel a los dirigentes públicos que convocan referendos sin autorización de las Cortes?

R. Vamos a derogar el delito de referéndum ilegal. De todas maneras, es más una materia del ministro de Justicia.