El Gobierno reforzará la coordinación de jueces y policías para atajar la violencia machista

El Ministerio de Interior, la Fiscalía General del Estado y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial han acordado hoy crear un protocolo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen en coordinación con los órganos judiciales y fiscales para mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista, como medida urgente previa a la aprobación por parte del Ejecutivo de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El Gobierno no puede evitar que un hombre decida matar sin previo aviso a su compañera sentimental, pero está decidido a poner todas las barreras legales y policiales a su disposición para evitarlo en caso de tener noticia de que esa tragedia puede tener lugar. Así, el caballo de batalla contra la violencia machista debe pasar por reforzar los mecanismos de protección de las víctimas, y sobre todo reforzar el cumplimiento de las medidas judiciales dictadas para ello.

El nuevo Ejecutivo pretende sentar las bases de un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el seguimiento y control de las órdenes de protección, así como de la coordinación con los juzgados, para dar "una respuesta tajante ante el incumplimiento de las órdenes de protección o de alejamiento", según ha declarado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tras reunirse esta mañana con la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas.

Este encuentro para hallar "nuevas vías de solución frente a esta lacra" fue convocado de forma urgente tras el asesinato de una mujer y dos de sus hijos en Alzira (Valencia), pese a que sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento. El borrador elaborado a partir del encuentro de hoy (que se repetirá la semana que viene) será remitido en los próximos días a la Comisión de Seguimiento para la implantación de la Orden de Protección, el órgano encargado de evaluar la eficacia de ese instrumento jurídico y en el que participan, además de Interior, la Fiscalía y el CGPJ, los ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La reunión ha servido para buscar un sistema ágil de intercambio de información entre jueces, fiscales y policías, de forma que la policía se ponga en funcionamiento "pocos minutos después" de dictarse la orden de protección, según Comas. En sentido contrario, se pretende establecer un hilo de comunicación entre policía y jueces para mantenerles al tanto de cualquier incidencia, y dar así respuesta "tajante, rápida y urgente" ante el quebrantamiento de las medidas judiciales.

Además, el protocolo debe servir para mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, los cuerpos autonómicos y los locales (si al final fueran incluidos en la ley); y para priorizar el dictado de órdenes para atender a los casos de mayor riesgo, en los que podrían implementarse vigilancias policiales a tiempo completo o por medios electrónicos.