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EL FUTURO DE EUSKADI

El Gobierno recurrirá el 'plan Ibarretxe' ante el TC porque vulnera "cien veces" la Constitución

Michavila afirma que la reforma del Estatuto vasco es "una mutilación de la Constitución en una parte del Estado"

El Gobierno ha anunciado esta mañana su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la "propuesta" para un nuevo Estatuto para Euskadi aprobado por el Gobierno vasco (PNV, EA e IU) el pasado 25 de octubre. La decisión gubernamental se basa en un informe de los servicios jurídicos del Estado que denuncia las "más de 100 veces" que el denominado plan Ibarretxe quebranta el orden constitucional en cinco ámbitos.

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La iniciativa fue llevada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al Parlamento autónomo, pero no fue presentado como proyecto de ley ni como texto normativo; la Mesa de la Asamblea definirá y calificará la semana que viene esta iniciativa, por lo que las vías de recurso del Ejecutivo presidido por José María Aznar son aún muy limitadas.

"Cuándo lo considere oportuno"

Sin embargo, el ministro de Justicia, José María Michavila, ha presentado hoy en la reunión del Consejo de Ministros un informe de los servicios jurídicos estatales que denuncia las numerosas "quiebras constitucionales" del llamado plan Ibarretxe, y el Gobierno ha acordado presentar el recurso, según ha anunciado su portavoz, Eduardo Zaplana. ¿Cuándo y contra qué? Michavila sólo ha respondido a la primera pregunta: "En el momento en que [el Gobierno] lo considere oportuno".

Según el ministro, el Ejecutivo dispone de un plazo de dos meses a partir del próximo 4 de noviembre, cuando la Mesa del Parlamento vasco se reúna para considerar y concretar la vía en que da trámite a la propuesta. "La estrategia del servicio jurídico será la de esperar a ver cuál es el acuerdo de la Mesa, que probablemente reforzará el informe", ha puntualizado Michavila, que cree que el recurso "muy probablemente" suspenderá la tramitación del plan. Michavila ha concluido de forma contundente: "El Gobierno vasco, bajo la apariencia de la reforma del Estatuto de Autonomía, aborda una mutilación de la Constitución en una parte del Estado español".

"Habrá que ver lo que pasa"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, ha respondido poco después a estas palabras aconsejando al tribunal y poniendo en duda su ecuanimidad: "Lo que debería hacer el Constitucional, si hubiera verdaderamente independencia y siguiera sus criterios, sería ni siquiera aceptar ese recurso a trámite. Lo que pasa es que aquí todos sabemos lo que ha estado sucediendo últimamente, las decisiones que se han tomado y la presión que el Gobierno español ha metido en las instancias jurídicas. Habrá que ver qué es lo que pasa".

Más tarde Imaz no ha dudado en afirmar que el anuncio del Ejecutivo español supone "un estado de excepción democrático", y ha pedido al resto de partidos políticos que se posicionen en este conflicto, con una referencia a los socialistas vascos.

Se trata del segundo recurso que se plantea ante los tribunales contra el proyecto soberanista, después de que el pasado miércoles la Diputación de Álava presentara ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso. La denuncia se dirige no contra el texto en sí sino contra "el acto administrativo" de la aprobación, ya que según la institución foral presenta dos defectos de forma.

El Gobierno vasco no dejará que le "atraquen la cartera"

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha asegurado esta mañana que que el Gobierno vasco trabajará "con tesón y con pasión" para impedir que el Ministerio de Hacienda "atraque la cartera de los vascos" con medidas "ilegales".

Zenarruzabeitia, tras entregar los presupuestos generales de la comunidad, se ha referido a la decisión del Hacienda, hecha efectiva hoy, de retener los 32,2 millones de euros que el Ejecutivo de Vitoria dejó de pagar el pasado mayo en uno de los plazos del Cupo que abona al Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se lo comunicó anoche al Gobierno vasco, aseguró que se han visto "obligados" a adoptar esa medida después de agotar "todas las vías de negociación" y como única forma de "restablecer el equilibrio financiero".

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