Dos supuestas víctimas de Cavallo testifican hoy ante Garzón

El juez Baltasar Garzón toma hoy declaración a dos víctimas del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, extraditado el pasado domingo desde México para ser juzgado por los delitos de terrorismo y genocidio que supuestamente cometió cuando se encontraba al frente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)en los años setenta.

Los testigos son Marcelo Hernández, quien permaneció dos años recluido en la ESMA tras ser secuestrado en Buenos Aires el 10 de enero de 1977, y de Federico Gómez, cuyo padre también fue secuestrado en la capital argentina en esas mismas fechas. Oficiales del centro se apropiaron posteriormente de todos sus bienes.

Según relató Marcelo Hernández, de 52 años, su esposa estaba a punto de dar a luz cuando decidió pasar por las oficinas en las que funcionaba la Secretaría de Finanzas de la Organización Peronista Montoneros, grupo al que pertenecía, para avisar que se tomaba el día libre para asistir al parto.

Minutos después, un grupo de efectivos de la ESMA dirigido por Cavallo, Sérpico, irrumpió en el local de la citada organización y secuestró a Hernández y a otros siete integrantes de Montoneros.

Sin embargo, Hernández admitió que no puede asegurar con certeza que Cavallo haya formado parte de los grupos de tortura del citado centro, ya que a él nunca lo torturó el ex capitán de corbeta, "aunque sí lo hicieron otros oficiales de la Armada".

Durante su secuestro en la ESMA, por el que se estima pasaron cerca de 5.000 personas durante la dictadura militar 1976-1983), asegura que le hicieron firmar documentos en blanco, que después fueron utilizados por los represores para apropiarse de su fortuna.

"Era una metodología que usaban sistemáticamente. Se iniciaba con el secuestro, seguía con la tortura y terminaba con el robo de los bienes de los detenidos", explicó.

Otro de los testimonios que escuchará mañana Garzón es el de Federico Gómez, cuyo padre, el abogado Conrado Higinio Gómez, fue secuestrado en su despacho por un grupo de efectivos de la ESMA también supuestamente dirigido por Cavallo.

La familia, que permanecía en la provincia de Mendoza, no tuvo noticias del secuestrado hasta un mes después, cuando recibió una carta del abogado, que se encontraba retenido en un campo clandestino, pidiendo a su esposa que se desentendiera del patrimonio familiar.

Según dijo Gómez, su padre hizo esta solicitud a su madre después de verse obligado a firmar un poder general de administración de bienes que permitió a los oficiales de la ESMA apropiarse de toda su fortuna.

"Una semana después del secuestro, entraron en el edificio que alojaba el despacho y el domicilio familiar. Se llevaron todo, desde el piano de cola hasta los enchufes", relató.

Las apropiaciones continuaron durante los siguientes meses y así, el 25 de marzo, Conrado habló por teléfono por primera y única vez con su familia, que desde entonces trata de localizar su paradero y el de sus bienes incautados.

Gómez, que ya testificó ante Garzón en marzo de 1997, vuelve a la Audiencia Nacional para aportar "nuevas pruebas y documentos" que, a su entender, demuestran la vinculación de los oficiales Jorge Radice, Ruger, y Miguel Angel Egea, el Colorado con el caso de su padre.