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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

La Cámara Vasca retrasa la disolución del grupo sucesor de Batasuna al pedir un informe jurídico

La Mesa del Parlamento solicita a los servicios jurídicos que clarifiquen sus "dudas" sobre la sentencia del Supremo.-IU insta al Ejecutivo de Vitoria a plantear un conflicto de jurisdicción ante el Supremo

La Mesa del Parlamento vasco ha analizado, desde las 10.30 horas hasta las 13.30, la resolución del Tribunal Supremo en la que ordena la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA). El tripartito, que reitera su apuesta por respetar el reglamento de la Cámara vasca, ha optado por retrasar una vez más este trámite al encargar a los servicios jurídicos del Parlamento un informe al respecto. Por su parte, PP y PSE-EE, en minoría en este órgano, han solicitado la disolución inmediata del grupo aberzale.

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La Mesa ha tomado la decisión de pedir un informe gracias al voto de calidad del presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, ya que contó con el rechazo de PP y PSE-EE, la abstención de IU-EB y el apoyo de EA, que ha sido quien ha solicitado el informe. Este estudio se ha pedido con el fin de que se clarifiquen "las dudas" sobre la aplicación de la sentencia del Supremo. Así, PNV y EA pretenden determinar si el Parlamento ha actuado correctamente en esta materia y si, para disolver a SA, sería necesaria una reforma del Reglamento de la Cámara o se podría realizar por medio de una resolución de la Presidencia.

Atutxa ya subrayó la semana pasada que la única posibilidad para aplicar la resolución del Supremo es "la modificación reglamentaria". Atutxa adelantó incluso que antes de hacer dejación de su cargo en la defensa de la "legitimidad y dignidad" del Parlamento vasco, prefiere "suscribir su dimisión". En este sentido, el presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz, ha reiterado esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi que es "un atropello" que el Supremo obligue al Parlamento vasco a disolver a SA y ha precisado que, si de él dependiera, "iría hasta el final".

Un conflicto de jurisdicción, para IU

Por su parte, los representantes de IU-EB, socios de gobierno del PNV, se han abstenido al creer que no hace falta un informe, ya que existe "una invasión de competencias" que, a su juicio, se debe dilucidar a través del planteamiento de un conflicto de competencias. De hecho, a primera hora de esta tarde, este grupo ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Vitoria a plantear un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, por considerar que su requerimiento de disolver Sozialista Abertzaleak "supone una intrusión del órgano judicial en la jurisdicción exclusiva y excluyente de la Cámara".

La secretaria segunda del Parlamento Vasco, Kontxi Bilbao (IU-EB) ha explicado que PNV y EA, partidos con los que comparte el tripartito, "no han dicho ni que sí ni que no" a esta propuesta.

En el extremo contrario, los representantes del PP y del PSE-EE han solicitado que se proceda "de inmediato" a la disolución de SA ya que consideran "una falsedad y un subterfugio" que para ello sea preciso un cambio de Reglamento. En este sentido, aseguraron que, sino no se decide la suspensión urgente del grupo aberzale, "cada uno asumirá su responsabilidad".

El Supremo actuará en caso de desobediencia

La Sala Especial del Supremo esperará a ver si el Parlamento vasco disuelve SA, ejecutando así el auto por el que ordenaba a Atutxa hacerlo "sin demora", antes de actuar. Según fuentes del tribunal, cuando ordenó a Atutxa que procediera a la disolución "sin demora" quisieron decir en la primera reunión de la Mesa del Parlamento vasco convocada tras la notificación del auto, es decir, hoy.

"Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la reunión dela Mesa, si procede a la disolución y si no lo hace, por qué", indican las fuentes. En caso de que el Parlamento vasco no proceda a ejecutar el auto, quedará en manos de la Fiscalía el pedir acciones contra la Cámara de Vitoria. Los magistrados recuerdan que, según el artículo 118 de la Constitución, "es obligado" el cumplimiento de las sentencias y resoluciones de los jueces y tribunales.

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