La Asociación de Defensa del Paciente denuncia trato de favor con la doctora De Mingo

El titular del juzgado 33 de Madrid ha comenzado a tomar declaración esta mañana a diez testigos de la matanza protagonizada por una médico perturbada en la fundación Jiménez Díaz de Madrid el pasado 3 de abril. Simultáneamente, tanto la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente (ADEPA), Carmen Flores, como Fernando Albarca, novio de médica Leilah El Ouamaari, una de las tres víctimas mortales, han denunciado trato de favor por parte de la clínica donde se produjo la tragedia con Noelia de Mingo, la doctora homicida.

Poco después de las once de la mañana ya habían prestado declaración ante el juez cuatro de esos testigos: el hijo de Félix Vallés, uno de los fallecidos como consecuencia del ataque de De Mingo; dos hijas de una paciente que resultó herida grave; y M.A., una médico residente de cuarto año del servicio de Reumatología a la que Noelia agredió causándole un profundo corte en el cuello.

Según Flores, el testimonio de esta última es fundamental para el esclarecimiento del caso ya que ésta "conocía la enfermedad congénita de esquizofrenia que padece Noelia", quien, según ha añadido, estaba en la clínica por "favoritismo y tráfico de influencias". Por ello ha anunciado pretende que un abogado de la asociación ejerza la acusación popular en este caso y ha asegurado que el juez debe responsabilizar penalmente al jefe de Servicio y a la dirección médica de la Clínica "por consentir esta situación".

Por su parte, Fernando Alberca, ha declarado que la testigo M.A. le contó que el 31 de marzo había habido una reunión en la clínica para tratar el comportamiento perturbado de De Mingo, pero que se había decidido "no hacer nada". Albarca, como Flores, ha insistido en que la doctora homicida "tenía un trato especial" en la clínica porque había una relación estrecha entre la familia de ésta y la Fundación.

La cuestión de la responsabilidad

Pese a estas acusaciones, fuentes jurídicas sostienen que el tema de la responsabilidad civil en absoluto obliga, al menos en esta fase sumarial, a incriminar a ningún responsable del hospital. La Fundación Jiménez Díaz es un hospital privado que mantiene un concierto económico con el Ministerio de Sanidad a través del Insalud. Noelia pertenecía al Insalud y este organismo había prestado sus servicios a la fundación.

No obstante, los citados medios jurídicos no descartan, pero sería una vez que se abra la fase del juicio oral, que los responsables legales de la fundación y del Insalud sean citados como parte en el juicio y se defiendan contra las peticiones de responsabilidad civil (las indemnizaciones) que previsiblemente formularán los familiares de las víctimas contra ambos organismos (fundación e Insalud). Pero ello no significa, según los mismos medios, que, para lograr esas indemnizaciones, haya que incriminar a ningún directivo de la clínica de la Concepción.

Si eventualmente de alguien pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad, ésta sería, previsiblemente, del psiquiatra facultativo que trató la esquizofrenia de Noelia de Mingo, por no haber advertido -y tomado medidas, como la baja laboral, por ejemplo- del potencial riesgo que esta médico implicaba para la sociedad.