El Senado aprueba la ley sobre la seguridad de los concejales con las únicas reticencias del PNV

Por otra parte, el pleno del Senado ha aprobado hoy, de forma definitiva, la proposición de ley sobre la seguridad de los concejales y las garantías democráticas de los ayuntamientos con el apoyo casi unánime de todos los grupos parlamentarios. Solo el PNV ha votado en contra de algunas medidas recogidas en el texto, en concreto las referidas a la supresión de financiación a aquellas formaciones que den cobertura al terrorismo, al considerar que es una proyección de la ley de Partidos Políticos. EA se ha abstenido.

El senador del PNV Joseba Aurrekoetxea ha justigicado la postura contraria de su grupo a algunos puntos de la ley en lo que definió como un "recorte de libertades". Aurrekoetxea ha denunciado además que la ley esconde "un fin determinado y una voluntad política prefijada", aunque ha dejado patente su apoyo a las medidas encaminadas a mejorar la protección de los ediles.

El PNV también ha votado en contra de que el Gobierno, y no las Comunidades Autónomas, pueda disolver los ayuntamientos que incumplan sus obligaciones constitucionales. El PP ha desestimado todas las enmiendas de la oposición, incluida una de carácter técnico planteada por el PSOE, por lo que el texto no tendrá que volver a ser refrendado por el Congreso. Así se ha acelerado su entrada en vigor con vistas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

La nueva norma, surgida en el seno del Pacto Antiterrorista y que afecta a seis leyes, establece la retirada de subvenciones públicas a aquellas formaciones que den cobertura al terrorismo o que tengan en sus listas o en sus órganos de dirección a personas condenadas por este delito. Se endurece el castigo a quienes amenacen o calumnien a los concejales o quienes perturben de forma grave el orden de los plenos municipales.

Un paso "hacia la igualdad real"

Además, el texto precisa las condiciones por las que una persona no puede ser incluida en una lista electoral y especifica que esta prohibición afectará a aquéllas sobre las que recaiga una pena de inhabilitación tras ser condenados por sentencia. Otras medidas son la creación de un fondo público para compensar a los partidos por los gastos de seguridad a los que tienen que hacer frente; la supresión del número mínimo de suplentes y la simplificación del método para cubrir las vacantes. Asimismo, se permitirá a las policías autonómicas y municipales que protegen autoridades desempeñar su función fuera de su ámbito territorial con la correspondiente autorización.

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Esteban González Pons, se ha mostrado convencido de que con las normas aprobadas, "se da un paso para que la igualdad sea real y efectiva en lugares donde hoy no lo es". González Pons ha definido el texto como "una ley de sentido común codificado frente a la que caben difíciles argumentaciones en contra". El senador del PSOE Antonio García Miralles se ha congratulado, por su parte, de la aprobación de una ley que "defiende la Constitución y el Estatuto" y que recoge medidas "insuficientes, pero necesarias" para que los ciudadanos y los concejales "puedan sentirse amparados por la democracia".