La fiscalía pide a Garzón que suspenda las actividades del brazo político de los GRAPO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Baltasar Garzón que decrete la suspensión de actividades y cierre de sedes del Partido Comunista de España reconstituido (PCEr), brazo político de los GRAPO, por entender "ilícitas sus actividades" y por considerarle la rama política de la organización criminal.

En un escrito presentado, el fiscal Enrique Molina dice que el PCEr "nutre ideológicamente a los GRAPO, fijan la táctica y la estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos, escogiendo los responsables de las acciones armadas y la composición de los autodenominados comandos militares".

El fiscal añade que "los miembros de la organización terrorista reclutados para los comandos legales primero han de contactar con alguno de los miembros del PCE(r) en la clandestinidad, someterse a un periodo de 'adoctrinamiento político' y pasar una 'prueba de valía' para finalmente integrarse en los autodenominados 'comandos militares' tras recibir el visto bueno del PCE(r)".

Según el representante del ministerio público, "la organización terrorista PCE(r)-GRAPO se constituye como una asociación criminal integral formada por dos ramas, una política y otra militar, que defienden la lucha armada como vía para la consecución de sus objetivos".

Molina añade que la organización "adiestra a sus miembros en el manejo de las armas y técnicas de guerrilla y les adoctrina políticamente a fin de garantizar el 'compromiso con la causa' y un alto grado de fidelidad con la dirección", y utiliza órganos propios de expresión como las revistas Resistencia, Antorcha, A la calle y Solidaridad.

También les facilita documentación falsa y las armas y los explosivos, "las primeras procedentes en su mayoría de los robos a sus propias víctimas y los segundos de los propios talleres de fabricación de los que disponen en Francia".

Descabezada la cúpula de los GRAPO

El pasado mes de julio, la Policía francesa y la Guardia Civil desarticularon, en una operación coordinada por Baltasar Garzón, a la cúpula de los GRAPO que había sustituido a la que cayó en noviembre de 2000 en París, y detuvo a catorce de sus miembros, entre ellos los integrantes de los comandos operativos que estaban preparando acciones en España.

Entre los detenidos figuran los miembros del comité central o cúpula de la organización, entre ellos Fernando Hierro Chomón, un histórico que actualmente era el jefe de la dirección militar de la banda, y Marcos Martín Ponce, responsable de los comandos y al que se le atribuye el asesinato del policía de proximidad Francisco Javier Sanz Morales, el 17 de noviembre de 2000 en Madrid.