El Gobierno remite a la Fiscalía todo el material para ilegalizar Batasuna
Rajoy contacta con los líderes de PSOE, CiU y CC para dialogar sobre la forma de poner en marcha el proceso
El ministro de Justicia, José María Michavila, ha remitido ya al Fiscal General del Estado "todo el material de que dispone" en relación con la actividad de Batasuna, "a los efectos de que ponga en marcha la ilegalización" de este partido, según han informado fuentes gubernamentales.
Paralelamente, en el Ministerio de Justicia se ha creado un equipo de trabajo en coordinación con la Abogacía del Estado que encabeza Arturo García Tizón, para estudiar si el comportamiento de Batasuna tras los asesinatos de Santa Pola (Alicante) es susceptible de encuadrarse en la previsión legal de ilegalización de una formación política.
Además, el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, ha iniciado ya contactos con los líderes del PSOE, CiU y Coalición Canaria para "dialogar sobre la forma de poner en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna", informaron las mismas fuentes.
Conversaciones
Según han explicado, Mariano Rajoy ya ha hablado con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y, "desde el Gobierno", se está hablando con el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Xavier Trias, y con los dirigentes de CC.
Ayer mismo, el presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó en Palma de Mallorca que no está dispuesto a que los dirigentes de Batasuna, a quienes definió como "basura humana", se paseen impunemente por las calles como "auténticos chulos" mientras la sociedad entierra a las víctimas de ETA.
Horas después, el vicepresidente Rajoy declaró que en el Gobierno ya se habían encargado los primeros estudios con vistas a llevar a cabo la posible ilegalización de Batasuna.
La legitimación del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal está legitimado para iniciar el proceso de ilegalización de un partido político según el apartado 1 del artículo 11, que tiene la siguiente redacción:
"Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución en virtud de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado segundo del artículo anterior de esta Ley Orgánica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.
El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas previstas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica.
La tramitación de este acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, respectivamente, por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado."
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