La Audiencia Nacional ordena el embargo de los bienes de Jesús Gil

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha decretado el nmediato embargo de los bienes del alcalde de Marbella y presidente el Atlético de Madrid, Jesús Gil, de su hijo Miguel Angel (director general de la entidad) y del vicepresidente Enrique Cerezo para hacer frente a la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados en el juicio por las irregularidades cometidas durante la transformación en sociedad anónima deportiva del Atlético de Madrid.

Durante el juicio por estos hechos, que comenzará a celebrarse en la Audiencia Nacional los próximos días 25 y 26, se sentarán en el banquillo Jesús Gil, Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo, quienes se enfrentan a una petición de prisión del fiscal de 17 años y medio, 10 años y medio y 6 años, respectivamente.

En el caso de ser condenados, podrían tener que hacer frente a una responsabilidad civil, por lo que ahora se decreta el embargo de numerosos bienes. Entre los bienes embargados que cita el auto aparecen las acciones del Club Atlético de Madrid registradas a nombre de Jesús Gil, Enrique Cerezo y la Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A. (propiedad de la familia Gil). También figura la finca Rancho Valdeolivas, situada en la localidad de Arenas de San Pedro (Avila).

El instructor deja al margen del embargo la retribución que le corresponde a Jesús Gil por "el desempeño del cargo público" en el Ayuntamiento de Marbella "y en su caso, en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol", hasta la fecha de su cese en esa actividad.

Asimismo, quedan fuera del embargo la recaudación de las taquillas del Atlético de Madrid y los inmuebles relacionados con la sociedad mercantil Myramco. Una vez se hayan embargado los bienes, acciones y derechos económicos solicitados por el fiscal, se procederá "de modo inmediato" a la valoración de los mismos y se procedería a levantar el embargo de los bienes que excedieran de las fianzas requeridas.

Fianzas solicitadas

El juez Del Olmo ha dictado este auto en contestación a una petición del fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Carlos Castresana, fechado el pasado día 2. En él, el representante del Ministerio Público recordaba que en el auto de apertura de juicio oral, de 25 de octubre de 2001, se fijaban fianzas en concepto de responsabilidad civil de 6.617 millones de pesetas (cerca de 40 millones de euros) para Jesús Gil y Gil.

Del mismo modo, se fijaban fianzas de 4.545 millones de pesetas (27,3 millones de euros) para Miguel Angel Gil Marín; 4.031 millones de pesetas (24,2 millones de euros) para Promociones Futbolísticas; 1.959 millones de pesetas (11,7 millones de euros) para Enrique Cerezo Torres; 130 millones (781.000 euros) para María de los Angeles Marín Cobo y cinco sociedades y 467.000 pesetas (2.806 euros) para el Club Atlético de Madrid.

El fiscal señalaba que hasta la fecha se habían consignado únicamente las 467.000 pesetas correspondientes al Atlético de Madrid. Respecto a la fianza exigida a la mujer de Jesús Gil y cuatro sociedades, el hijo de alcalde de Marbella Oscar Gil Marín ofreció una fianza hipotecaria sobre un inmueble registrado a nombre de Promotora Inmobiliaria Matas Verdes S.A., de la que es representante legal.

Del resto de las fianzas reclamadas, la representación procesal de Jesús Gil y Miguel Angel Gil Marín consideró "bastante el embargo" sobre las acciones del Club Atlético de Madrid, registradas a nombre del primero y de Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.

El juez Del Olmo señala en el auto que la voluntad de los responsables civiles reflejados en el auto de apertura de juicio oral es la de "dilatar en lo posible la efectividad de la fianza establecida", lo que implica la adopción de "medidas inmediatas que aseguren la decisión de garantizar los importes de las fianzas".

"Ajustadas a derecho"

En cuanto a la petición del fiscal de embargar las acciones del Atlético de Madrid a efectos de la responsabilidad civil derivada de la presunta actividad delictiva de los acusados, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que esta solicitud es "ajustada a derecho".

"En consecuencia, en los términos interesados por el Ministerio Fiscal, procede acceder a sus solicitudes, al considerarlas no sólo razonables, ajustadas a Derecho y proporcionadas con la finalidad y objeto de toda medida cautelar aseguratoria, en este caso real, que quepa adoptar (...)", indica el auto.

Jesús Gil ya ha anunciado que interpondrá un recurso de reforma contra el auto del juez del Olmo, para lo que dispone de un plazo de tres días a partir de hoy.