La juez ordena el ingreso en prisión de Rodríguez Gil bajo fianza de 100 millones
El representante de Hari 2000 y asesor de clientes de la agencia de valores reconoce ante la juez que emitió cheques sin fondos por valor de casi 4.000 millones
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado hoy prisión eludible bajo fianza de 100 millones de pesetas para el representante legal de Hari 2000 y asesor fiscal de clientes de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, que permanecerá en la cárcel de Soto del Real (Madrid) hasta que abone la citada cantidad. Rodríguez Gil fue el que emitió en noviembre de 1999 tres cheques sin fondos por valor de casi 4.000 millones de pesetas a favor de Antonio Camacho, dueño de Gescartera.
Según fuentes jurídicas, la decisión de la juez -que ayer ordenó la detención de Rodríguez Gil y el registro de sus viviendas y despacho- se ajusta a las medidas cautelares que había pedido la fiscalía anticorrupción tras escuchar la declaración del representante de Hari 2000, así como al documento médico que ha presentado el detenido en el que figura que padece una isquemia coronaria grave.
Rodríguez Gil ha declarado esta mañana ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios y ha reconocido que emitió los cheques sin fondos que ayudaron a Antonio Camacho a evitar la intervención de la CNMV.
Según fuentes judiciales, Rodríguez Gil ha reconocido que tenía un "pacto entre caballeros" con el principal imputado por el caso Gescartera, Antonio Camacho, que como garantía le entregó a su vez otros cheques por el mismo valor.
Los talones aportados por Rodríguez fueron la prueba esgrimida por Camacho para convencer a la CNMV de que Gescartera no sufría un desfase patrimonial y para lograr que el Consejo del organismo supervisor decidiera en enero de 2000 cancelar la investigación abierta meses antes a su entidad.
Rodríguez Gil ha dicho en el interrogatorio que había un compromiso por ambas partes (él y Camacho) de romper los cheques una vez que se solucionaran los problemas, pero que no lo hizo "por si acaso los necesitaba".
Por su parte, la juez Teresa Palacios ha preguntado a Rodríguez sobre las fotocopias de varios DNI encontrados en un registro de la sociedad Hari 2000 y que pertenecían a clientes de Gescartera a los que se les aplicaban minusvalías ficticias.
El imputado ha contestado que ese listado con los documentos nacionales de identidad pertenecían a una gestoría y a otro abogado que los tenía para asesoramiento laboral.
Rodríguez ya había reconoció ante la Comisión de Investigación parlamentaria de Gescartera haber emitido tres talones sin fondos a nombre de su empresa Hari 2000 por importe de 3.890 millones de pesetas, al tiempo que agregó que "eso, ya no es delito".
