La Audiencia condena a Sotos por el 'caso PSV' y absuelve a los otros cuatro inculpados

Sotos, que estuvo 13 meses en prisión tras la suspensión de pagos de PSV, fue hallado culpable de apropiación indebida. La sentencia absuelvió del mismo cargo a los ex directivos de la gestora IGS, vinculada a UGT, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y a los ex secretarios de finanzas de UGT, Sebastián Reyna y Paulino Barrabés, quien permaneció un mes en prisión preventiva por este caso.

La sentencia también fija para el condenado el pago de una indemnización máxima para los perjudicados de 13.009 millones de pesetas, de los que 9.940 millones corresponden a los cooperativistas de PSV y 3.069 para los de Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos (IGS), que también pertenecía al grupo empresarial que promovía la UGT.

El ex responsable de la cooperativa de viviendas no irá a la cárcel porque no tiene antecedentes y ya ha cumplido tres cuartas partes de la condena

La incapacidad financiera de Carlos Sotos para hacer frente a esta indemnización, dejará este pago en manos del sindicato UGT, ya que ha sido declarado responsable civil subsidiario.

La condena impuesta al ex responsable de PSV es levemente superior a los dos años que solicitaba el fiscal, quien además reclamaba una pena idéntica para los directivos de la gestora IGS, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y un año para los ex secretarios de finanzas de UGT, Paulino Barrabés y Sebastián Reyna.

La crisis financiera de la cooperativa PSV se destapó cuando suspendió pagos en diciembre de 1993, lo que reveló la existencia de problemas en la gestión de las aportaciones de los 19.135 cooperativistas y provocó el ingreso en prisión de Carlos Sotos y Paulino Barrabés, quien sólo permaneció un mes en la cárcel.

Miles de cooperativistas personados en este juicio acusan a los que fueran máximos dirigentes de la promotora de haber utilizado ilícitamente los fondos que ellos aportaron para la construcción de sus viviendas.

Un año de juicio y más de 70 testigos

En el juicio por el caso PSV, que quedó visto para sentencia el pasado 16 de marzo, el fiscal Anticorrupción Vicente González Mota solicitó setencia condenatoria para cinco acusados por un delito de apropiación indebida, al considerar probado que el dinero aportado por los cooperativistas para adquirir una vivienda de la PSV fue a parar la "caja única" de la gestora IGS y no se utilizó para el fin convenido.

La defensa de los acusados, por su parte, reclamaba la absolución de todos los imputados, al entender que no hubo perjudicados y que sólo se produjo un retraso en la entrega de las viviendas.

Además, argumentaban que los acusados no cometieron un delito de apropiación indebida porque no se apropiaron de los fondos de los cooperativistas.

Al inicio de la vista oral, que comenzó el 3 de abril de 2000, también se sentaron en el banquillo Primitivo Alvaro y Jesús Aina, acusados sólo por la acción particular de los delitos de apropiación indebida y estafa. Las acusaciones renunciaron posteriormente a proseguir las acciones penales contra ellos.

La Fiscalía entendía que los acusados habían incurrido en un delito de apropiación indebida por el mal uso que se dio a los más de 18.500 millones de pesetas que habían depositado los cooperativistas para adquirir su vivienda.

Esto provocó la suspensión de pagos de la cooperativa y provocó retrasos en la entrega de las viviendas, que en algunos casos no se construyeron hasta varios años después.

La sentencia, elaborada por el Tribunal que preside el magistrado Siro García, se ha dado a conocer cuatro meses después de que acabara el juicio por el caso de PSV, que se prolongó en la Audiencia Nacional durante más de un año y por el que pasaron más de 70 testigos.