Historia de una cooperativa desahuciada

Alarma social y querellas

El fiasco de las 175 promociones en toda España y más de 22.000 viviendas sociales proyectadas era razón más que suficiente para que a finales de 1993 la alarma social cundiera entre el colectivo de socios, y que se manifestó en airadas protestas, principalmente por las calles de Madrid. A pesar de la intervención administrativa, la maquinaria judicial se puso en marcha y las querellas de los cooperativistas comenzaron a llover sobre IGS, gestora de la promoción, PSV y la propia UGT. Ésta se vio obligada a comprometer todo su patrimonio para respaldar públicamente el proyecto y tranquilizar a los miles de perjudicados. El histórico dirigente ugetista Nicolás Redondo abandonaría su responsabilidad poco tiempo después.

Teresa Palacios, la juez encargada del caso, impuso una de las fianzas más altas de la historia judicial española -65.000 millones, luego rebajados a 18.587-. Como imputados se sentaron en el banquillo, entre otros, Carlos Sotos, antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid reconvertido en gestor inmobiliario; Sebastián Reyna, responsable de finanzas del sindicato UGT en la época; y su antecesor, Paulino Barrabés, nombre histórico del PSOE. Cuando se abrió el juicio oral en 1998, también aparecían en la lista de imputados, junto a los anteriores nombres, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aína y Primitivo Álvaro. Posteriormente se retirarían las acusaciones contra estos dos últimos.

IGS y UGT

La Promoción Social de Viviendas se organizó en torno a una gestora, IGS, que administraba el dinero de los asociados. Precisamente, las acusaciones de apropiación indebida planteadas tienen su origen en un contrato firmado entre IGS y UGT por el que la primera entregaba a la segunda 80.000 pesetas por cada piso gestionado -en total, 1.000 millones-, a cambio de que PSV utilizara la infraestructura y el aparato de publicidad del sindicato. La operación era legal, según los antiguos administradores de PSV, porque los sindicatos podían "establecer contratos legalmente", a diferencia de los partidos políticos, cuya dudosa financiación era examinada con lupa en aquellos tiempos.

En cualquier caso, el informe del fiscal en el proceso señaló que los intercambios comerciales ascendieron a 4.000 millones de pesetas. Parte de ese dinero se destinó a la adquisición, por parte de IGS, de empresas deficitarias que pertenecían a UGT (la aseguradora Unial, Viajes Libertur, Tipografía Torreblanca).

Los gestores, en el intento por mantener limpio su honor, han declarado que, después de años de investigaciones, se ha demostrado que nadie metió la mano en la caja de PSV y "distrajo" dinero de las aportaciones de los cooperativistas en su propio beneficio.

El problema se alivia

De los más de 22.000 socios afectados, 6.517 se adhirieron a las querellas contra los responsables de la cooperativa y el sindicato. De ese total, alrededor de 3.600 formalizaron los mandatos de acusación contra los querellados, según datos del sumario. No obstante, con el paso de los años, la situación se ha ido aliviando, en gran medida porque muchos agraviados han conseguido el bien por el que iniciaron la lucha judicial.

Del total de viviendas proyectadas se han finalizado y entregado alrededor de 12.000. De los 6.000 reclamantes, casi la mitad han recibido finalmente su piso, y prácticamente la mitad restante el dinero comprometido en la operación. El perjuicio más común, entre aquellos que recuperaron la casa, fue el 7% de derrama que tuvieron que abonar para culminar las obras. Quienes se dieron de baja -alrededor de 7.000 personas- sólo lograron recuperar el 75% de su dinero tras una quita del 25%.

Por otra parte, algunos agraviados por la debacle de PSV han obtenido, a la larga, beneficios por la arriesgada inversión inicial en la vivienda. Gracias a la reventa del piso hasta un 30 o 40% por encima del valor escriturado, estos afectados se han resarcido de las penurias de otros tiempos. Y ello a pesar de que la ley prescribe un plazo de diez años -todavía no cumplido- para poner a la venta un piso de protección oficial subvencionado.