El fiscal del 'caso PSV' rebaja la petición de penas para los responsables de la cooperativa de viviendas
El fiscal del caso PSV, la cooperativa del sindicato UGT que se hundió en 1994 y cuyas actuaciones se juzgan en la Audiencia Nacional desde abril del pasado año, presentó ayer un escrito de conclusiones definitivas en el que rebaja significativamente la petición de penas para los responsables de la cooperativa, Carlos Sotos -de ocho años a dos años, cuatro meses y un día-, Fermín Bretón y Francisco Hernández (de ocho años a dos años en ambos casos), y para los dirigentes del sindicato UGT, impulsor del proyecto, Paulino Barrabés y Sebastián Reyna (pide un año de prisión para cada uno).
Las conclusiones del fiscal, no obstante, mantienen que en IGS-PSV se cometió un delito de apropiación indebida, ya que PSV destinó dinero de unas promociones a atender necesidades de otras. Por ello, se solicita una indemnización a los imputados de más de 11.000 millones de pesetas. La gestora IGS y el sindicato UGT, como accionista mayoritario del proyecto, son declarados responsables civiles subsidiarios.
Las conclusiones definitivas del fiscal, que se harán públicas hoy, son casi el epílogo de un caso que explotó en 1993 y que se examina en la Audiencia Nacional desde hace nueve meses, con 6.000 reclamantes, múltiples testimonios y peritajes sobre lo sucedido en 60 promociones de PSV con más de 100 parcelas repartidas por toda España.
Dos de los imputados, Carlos Sotos -responsable de IGS-PSV- y Paulino Barrabés -ex responsable de Finanzas de UGT- pasaron por la cárcel una vez desatado el escándalo. Con la petición de penas del fiscal, ninguno de los acusados tendría que ingresar en prisión. El principal imputado, Carlos Sotos, permaneció en prisión durante 13 meses cuando estalló el escándalo.
Aunque la petición de penas suaviza las primeras conclusiones de la fiscalía, fuentes de las defensas de los imputados han destacado la desproporción que existe entre esa petición de penas para sus defendidos y la solicitud de indemnización que defiende la fiscalía y que, en último extremo, podría suponer un grave quebranto para el sindicato UGT.
Las mismas fuentes destacan que en los meses de juicio transcurridos ha quedado claro que el caso PSV se limita a un asunto de simple mala gestión empresarial sin que ninguno de los imputados se lucrara con el proyecto cooperativo.
El día 26, serán las defensas las que presenten sus conclusiones definitivas. El juicio quedará visto para sentencia el próximo mes de marzo.
