El PP ya tiene un plan para la Universidad española y el ICAM es solo el aviso

La Comunidad de Madrid ha autorizado un centro universitario promovido por el Colegio de la Abogacía (ICAM). A primera vista, un trámite. Un paso más en el complejo ecosistema universitario. Pero basta mirar el contexto, el calendario y la trayectoria política del Gobierno madrileño para entender algo mucho más inquietante: es el adelanto del proyecto universitario que el PP quiere extender a toda España si gobierna.

La autorización llega en una semana políticamente radiactiva: el juicio al Fiscal General del Estado, el caso que afecta a la pareja de la presidenta, la actuación del ICAM como acusación en ese proceso, en una posición que no cuesta calificar como sorprendentemente armónica con la narrativa del Gobierno madrileño.

No hace falta afirmar nada. En política, las coincidencias no son accidentes: son mensajes. Y este es un mensaje claro: quien se alinee con el poder recibe premio. Y quien no, mejor que se aparte.

Para entender por qué esta autorización es relevante, hay que levantar la mirada. Durante años, Madrid ha sido el laboratorio donde el PP experimenta políticas destinadas, más tarde, a proponerse, o imponerse, al conjunto del país. Lo fue con la sanidad privatizada, con la educación concertada, con los cheques escolares y con la rebaja fiscal permanente para beneficiar más a quien más tiene. Y ahora, lo es con la Universidad.

Todo en Madrid responde a un diseño que lleva más de 10 años madurando en el corazón doctrinal del PP: la FAES. Basta leer las líneas. En informes de 2010 y documentos posteriores, FAES defiende un sistema universitario basado en financiar al alumno en lugar de invertir de manera estable en las universidades públicas, introducir competencia entre centros como si fueran empresas, sustituir el derecho universal por un mercado de oportunidades y relegar a la universidad pública al papel de red asistencial. Madrid es el primer edificio construido siguiendo esas instrucciones.

El ICAM como señal de alarma

La autorización al ICAM revela varias características del modelo que viene:

• Desplazamiento del peso de la enseñanza hacia actores privados y corporativos. Si un colegio profesional puede crear su propio “centro universitario” adscrito a una pública, mañana podrá hacerlo cualquier lobby profesional con recursos: hospitales privados, grandes bufetes, consultoras, compañías tecnológicas, conglomerados financieros.
• Fragmentación del sistema universitario. En lugar de reforzar las universidades públicas, se multiplica la oferta paralela controlada por intereses particulares. Exactamente lo contrario de un sistema de conocimiento moderno, de la universidad.
• Asfixia silenciosa de la universidad pública. Porque, mientras se abre la puerta a actores privados, las públicas siguen infrafinanciadas, el profesorado continúa precarizado, las plantillas envejecen, los campus se deterioran y los estudiantes pagan tasas más altas.

No es una reforma. Es una sustitución encubierta.

El espejismo de la “libertad”

Isabel Díaz Ayuso y el PP repiten la palabra “libertad” como si fuera un salvoconducto mágico que justificara cualquier cosa. En realidad es la versión amable de un proyecto muy regresivo. En el modelo que se está desplegando: la libertad consiste en pagar más, para tener lo que antes garantizaba el sistema público. La libertad consiste en competir para entrar donde antes bastaba con el mérito o en que cada familia asuma el coste de la desigualdad que el Gobierno produce. Con su “libertad” quieren una universidad privada financiada -sin control- con fondos públicos y enfrentada a la pública. No se valora la calidad, sino una confrontación entre universidades en desiguales condiciones de partida y sometidas a una confrontación absurda.

Ese es el modelo. Y la autorización al ICAM es la primera señal visible de su implantación.

¿Qué significa esto para España?

Si este proyecto se generaliza, el país se dividirá en dos: un circuito universitario controlado por corporaciones y entidades privadas, donde se forman las élites económicas, y un circuito público degradado, donde se especializa la mano de obra y se reduce la movilidad social.

España ya vivió esto en los 90 con la enseñanza concertada y en los 2020 con los cheques-copago. Hoy estamos viendo el mismo manual trasladado a la enseñanza superior. Lo llaman libertad de elección. Pero la pregunta correcta es: ¿elección para quién? Esta vez, la brecha no será solo escolar: será universitaria, investigadora, laboral y, finalmente, social.

¿Qué debería hacer un Gobierno que se tomara en serio la educación superior?

Lo que no está haciendo el PP: reforzar la financiación estructural de las universidades públicas, estabilizar plantillas, aumentar plazas en áreas de alta demanda, garantizar que el acceso dependa del talento, no del dinero y ordenar el sistema antes de abrirlo a operadores corporativos.

Un país donde la universidad sea ascensor social o un país donde se convierta en peaje social. Lo que está en juego, en definitiva, es la dignidad.

Conclusión: el ICAM es el aperitivo. El plato fuerte viene después

El PP hará lo que siempre ha hecho: avanzar en silencio, fragmentar, privatizar por dentro y, cuando ya no tenga remedio, presentarlo como inevitable. De nuevo la misma historia: intentar engañar a todo el mundo todo el tiempo. No es libertad. No es modernización. No es progreso. Es, sencillamente, el proyecto de unos pocos imponiéndose sobre el futuro de todos.