El Gobierno navarro retirará los fondos públicos a los centros de Secundaria que separan por sexos

El Departamento de Educación navarro ha constatado a través de los informes de Inspección Educativa que los colegios de Fomento Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga han vuelto a incumplir la Lomloe al mantener a su alumnado separado por sexos en la etapa de Educación Secundaria. Por ello, el Gobierno autonómico retirará las subvenciones a los institutos segregadores.

La ley estatal determina que, si un centro divide por sexo, no puede recibir financiación pública. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha confirmado que va a iniciar el procedimiento administrativo para denegar los fondos públicos a estos centros, un proceso similar al llevado a cabo en el resto de las etapas educativas (a excepción de Infantil, donde ya hay aulas mixtas).

“El departamento va a trasladar en los próximos días las actas que hemos recibido por parte del Servicio de Inspección Educativa a los centros que practican la educación diferenciada y esperaremos a sus respuestas con las alegaciones para, otra vez, trasladarles otra resolución con la decisión que el departamento establezca en este caso”, ha detallado el consejero de Educación a este periódico.

Gimeno se mostró prudente en un primer momento, pero este martes ha confirmado en una comparecencia parlamentaria que estos centros de educación diferenciada “no han utilizado el principio coeducativo” en Secundaria. En otras palabras, no han mezclado al alumnado en las aulas y han roto el compromiso sine qua non para recibir dinero de la Administración. Ya lo habían hecho en 2020, al incumplir el concierto educativo firmado para Primaria y en 2021 en Bachillerato. Este 2023, al renovar el concierto de Secundaria, que afecta a los menores de entre 12 y 16 años, se comprometieron a mezclar al alumnado y no lo han hecho. SER Navarra ya avanzó el pasado 8 de septiembre que, en el primer día de clase en El Redín, donde solo estudian varones, no había chicas, y que, en Miravalles, donde se da la situación contraria, no había chicos de esta franja de edad.

En el resto de las etapas, las conclusiones de estos procesos han sido distintas. Por un lado, en Bachillerato, el Gobierno determinó la supresión del concierto a fecha de 31 de agosto de este año, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra determinó que, pese a que estos centros habían incumplido el concierto, el departamento debía seguir cubriendo el coste de esta etapa de manera “cautelar” hasta decidir si la supresión de la segregación en estos dos cursos debe hacerse o no de manera escalonada.

El tribunal ha obligado a Educación a subvencionar el coste de los dos cursos de la etapa postobligatoria, pero, al mismo tiempo, ha impuesto un aval a los colegios para hacer frente a ese gasto en el caso de que terminen respaldando la decisión del Ejecutivo foral una vez iniciado el curso. El Gobierno de Navarra ha recurrido esta resolución apelando, entre otros argumentos, a que unas semanas antes –el 6 de junio- el Tribunal Constitucional declaró “notoriamente infundada” la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el mismo Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, en Primaria “se extinguieron los conciertos, pero hubo un acuerdo de Gobierno para hacer una extinción progresiva”. Este mecanismo legal de supresión progresiva solo puede ser aplicado en Navarra por la vigencia de la Ley Foral 17/2012, que establece que los conciertos educativos con los centros que segregan a su alumnado por sexo “podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias”. Esta disposición fue impulsada por IU y aprobada en 2012, siendo presidenta Yolanda Barcina (UPN).

El Ejecutivo de Chivite ha mantenido la financiación pública a estos centros con la condición de que sigan mezclando a su alumnado de manera escalonada –ahora hay aulas mixtas en primero, segundo y tercero de Primaria-. De esta forma, se ha querido garantizar que el alumnado que fue matriculado antes de la aprobación de la LOMLOE en el modelo segregador pueda seguir en él hasta su paso a Secundaria. Como argumentos a favor de esta medida, se esgrimió la imposibilidad de recolocar en otros centros a todos los menores cuyas familias no pudieran o quisieran hacer frente a las nuevas cuotas y para permitir que el alumnado que comenzó sus estudios en estos centros con unas condiciones determinadas (matrícula gratuita y separación por sexos) pudiera terminar la etapa de la misma forma.

Ahora, con el incumplimiento del concierto educativo en Secundaria, la previsión es que suceda lo mismo que en Primaria porque se trata también de una etapa educativa obligatoria. Una posibilidad que Gimeno no descarta, si bien, concluye, “ya veremos si se puede trasladar un acuerdo al Consejo de Gobierno”.

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