La Administración asumirá la veracidad de los méritos de los profesores universitarios en su habilitación para agilizar el proceso

El actual modelo de acreditación para ser profesor universitario ―incluso para los puestos no funcionariales― se ha convertido un auténtico quebradero de cabeza para los solicitantes, a los que se requiere un papel oficial para cualquier minucia, retrasando el proceso de recopilación de datos; por eso el borrador del real decreto por el que se regula la habilitación, al que ha accedido este diario, propone dejar de desconfiar en los investigadores. “En aras de la agilidad, la simplificación del procedimiento y el principio de confianza, ANECA [la agencia nacional de evaluación] asumirá la veracidad de los méritos aducidos, limitando la acreditación de aquellos más relevantes”, se afirma en el texto. Pero la Administración velará por que no haya fraude: “Si bien podrá establecer inspecciones exhaustivas de expedientes, de forma aleatoria o a sugerencia de las comisiones”.

El enorme esfuerzo para recabar los méritos no es el único impedimento para los investigadores: los tiempos de espera para la resolución de la acreditación se demoran incluso años y, una vez habilitados, tienen que esperar de nuevo en muchas ocasiones a que salga el concurso a la plaza deseada. El borrador del decreto, enmarcado dentro de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), establece por primera vez un límite en el plazo: “La comisión encargada de evaluar la solicitud de acreditación resolverá en un plazo no superior a seis meses desde la fecha de registro”. Si la resolución motivada es favorable, se acredita al docente y, si no lo es, “el interesado no podrá solicitar una nueva acreditación hasta que no hayan transcurrido 18 meses”, pero sí plantear una reclamación en el plazo de un mes. El Ministerio de Universidades entiende que en menos tiempo el solicitante no puede atesorar los méritos que le faltan y solo agravará el cuello de botella de las acreditaciones.

Joan Subirats, ministro de Universidades, insistió en ello este miércoles en la comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados: “Hay que promover una cultura de la confianza, por lo que no será necesario justificar todos los méritos documentalmente ―solo los más relevantes―, aunque de manera aleatoria se realizarán inspecciones exhaustivas”.

“Hay muchos profesores que se quejan de la cantidad de burocracia que tienen que presentar para ser evaluados”, admitió Subirats, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Estamos trabajando en un curriculum breve ―conocido también como currículum normalizado― donde estén los aspectos más relevantes de carácter cuantitativo, procedimientos simplificados para reducir las cargas de trabajo”, añadió. La idea es conectar los repositorios de las universidades ―en los que se almacenan las publicaciones propias― con la ANECA ―o las agencias autonómicas― para que los artículos se puedan consultar sin necesidad de presentarlos impresos.

Subirats insiste mucho en el compromiso con la sociedad de la ciencia y tiene su reflejo en este decreto, que contempla “una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos docentes y de investigación, con una amplia gama de indicadores de relevancia científica e impacto social”. Hasta ahora primaba su valor científico. “Hay que evaluar mejor lo que realmente importa mediante una evaluación cualitativa apoyada en el uso responsable de indicadores cuantitativos” y entre los ejemplos citó, “incorporar el impacto social: valorar la calidad científica, pero también la relevancia social y local de las aportaciones científicas”, razonó en el Congreso. Además, el ministro remarcó la importancia de la docencia, minusvalorada ahora en cualquier evaluación de méritos.

España tiene una cantidad irrisoria de profesores extranjeros, por el handicap de papeleo que supone parar la criba de la ANECA, y es otro de los motivos para la simplificación de los trámites. “Habrá procedimientos simplificados para reducir las cargas de trabajo a las personas candidatas y evitar que respecto de docentes e investigadores que están en el extranjero ―sean nacionales o extranjeros― el procedimiento se convierta en una barrera para la internacionalización y la atracción de talento”, señaló Subirats.

Los trámites burocráticos en las universidades públicas ―que apenas cuentan con PAS (Personal de Administración y Servicios) que ayuden con los papeleos, a diferencia de otros países europeos― desquician a los investigadores no solo cuando tratan de acreditarse para contratado doctor, profesor titular o catedrático, sino en su día a día. César Rendueles, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Sociología de la Universidad Complutense, aludía a esta desconfianza en una reciente entrevista en EL PAÍS: “En un congreso la gente toma un café y se ve una hilera muy larga a la entrada de la secretaría de españoles que tienen que volver con un montón de papelitos que digan que han ido. En un momento, distintos ministerios decidieron desconfiar extremadamente de lo que hacemos y montar una especie de Stasi burocrática que piensa que te puedes ir a un congreso y luego no dormir en la habitación de hotel que has pagado, no sé bien para hacer qué. Nos ha puesto un montón de plataformas, que funcionan en general bastante regular, que intentan suplir el trabajo que antes hacía el personal administrativo mucho mejor”.

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