¿Aprobamos o suspendemos la Lomloe?

En España estamos de sobra acostumbrados a contar, cada cierto tiempo, con una nueva ley educativa o, al menos, con la reforma de una anterior. Justo eso es lo que ha ocurrido con esta última, la Lomloe, que, por una extraña carambola, ha modificado la ley que ya rectificó en su momento la Lomce. Aunque no niego que el cambio pueda ser para mejor, somos muchos los que clamamos por la redacción de un “pacto educativo” que nos permita, no solo a los docentes sino a toda la comunidad educativa, tener una visión de futuro y, sobre todo, asumir que estamos trabajando para conseguir algo que puede llevar su tiempo.

En esta nueva ley, recién salida del horno, tendríamos que diferenciar necesariamente dos aspectos: el legislativo puro y el curricular. Con el primero me refiero a todo el desarrollo de la ley que trata aspectos como qué materias se van a impartir en cada curso, qué contenido entra en cada una de ellas, etcétera. Por otro lado, el aspecto curricular es el que abarca todo aquello que las distintas materias van a aportar a la educación o al aprendizaje del alumnado.

Todo el mundo sabe que las leyes se redactan con un lenguaje especial y exclusivo, y la Lomloe no iba a ser menos. Casi todo el apartado que denomino “legalista” hay que leerlo, al menos, un par de veces para comprender el sentido con el que está redactado. Partiendo de esa primera lectura, ya vamos viendo que se introducen términos nuevos o que se repiten otros que ya conocíamos. Objetivos, competencias o criterios de evaluación ya nos sonaban de leyes anteriores, sin embargo, la aparición de otros como “perfiles de salida” o “competencias específicas” son conceptos novedosos. A priori, esto puede provocar rechazo en los docentes que, una vez más, observan que los aspectos burocráticos de las leyes merman la calidad (o van en detrimento) de los aspectos pedagógicos. Aunque esta terminología se explica en el desarrollo de toda la normativa, no se le ve una fundamentación clara sobre su aparición. Es decir, no se ve el “para qué” está ahí. Efectivamente, son nuevos elementos curriculares que se deben conocer, pero que a veces lo que hacen es dispersar la atención sobre lo que realmente preocupa a un docente: tener la visión clara sobre lo que hay que lograr en el desarrollo del proceso educativo.

En este sentido, hay temas que no están nada claros, sobre todo en la parte del articulado que, como ya decía antes, es más legalista que pedagógica. La confusión entre evaluación y calificación o el tratamiento de la diversidad del alumnado siguen siendo un tema pendiente por parte de los desarrolladores de leyes educativas. Se ha intentado dar un paso en ese sentido, pero es tan corto que los docentes no van a entender cuál es el espíritu del cambio.

Sin embargo, hay un cambio importante si comparamos esta ley con la anterior, y es la visión totalmente competencial de la educación. Con la anterior ley se marcaba más la adquisición de contenidos que el desarrollo de las competencias. Es verdad que estas estaban presentes, pero de una forma más nominal que efectiva. Por parte del profesorado no se veía de una forma clara la interrelación del desarrollo curricular con las competencias clave marcadas, lo que llevaba a la pregunta: “¿Tú trabajas por competencias?” o una frase que se repetía hasta la saciedad en cualquier curso de formación para docentes: “¿Cómo evaluar por competencias?”. En esta nueva ley sí se podría ver la relación entre lo que hacemos en clase y lo que el currículo nos pide como objetivos finales.

Temas como suprimir las calificaciones, situar los criterios de evaluación como centro de todo nuestro trabajo en lugar de los contenidos o las repeticiones de curso han suscitado a veces rechazo y, otras veces, aplausos. Pero precisamente, de donde surgen todas esas voces en contra de la normativa es de las decisiones salomónicas ambiguas que consiguen que el docente tenga una sensación agridulce y que no comparta: la supresión de las calificaciones, pero no del todo, la eliminación de las repeticiones de curso, pero no del todo o la distinción entre evaluación y calificación, pero no del todo. Esto implica que gran parte del profesorado no comparta (no haga suyo) el desarrollo de la misma.

Es de ahí desde donde surgen todas esas voces en contra de esta normativa. Una cierta parte de los docentes creen que las notas numéricas son necesarias y que transmiten los resultados de una evaluación de una manera satisfactoria y otros, en cambio, pensamos (y en este apartado me incluyo) que es preferible una evaluación en la que se le digan al alumnado los aspectos concretos conseguidos o en expectativa de mejora, es decir, es preferible una evaluación más cualitativa que cuantitativa. Son distintas formas de pensar y de entender la educación. Si ya es difícil poner de acuerdo a los docentes, me parece una labor imposible poner de acuerdo a los distintos partidos políticos para llevar a cabo ese pacto educativo que mencionaba.

Pero dejando a un lado los pros y los contras de esta ley, hay aspectos de la Lomloe que han pasado desapercibidos, por ejemplo, la introducción de los principios del DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) en un intento de facilitar el aprendizaje de todo el alumnado no ha sido comentado ni valorado suficientemente. Tanto por parte del profesorado como de muchos medios de comunicación se han centrado en aspectos puramente anecdóticos: que si tal contenido ha desaparecido del diseño curricular o que se ha acotado tal desarrollo o que se está bajando el nivel de la enseñanza. Aplaudo que, por parte del ministerio, el apartado curricular haya sido redactado por profesorado, quede dicho. También comprendo que la redacción de una ley, sobre todo en su articulado, debe tener un lenguaje legalista, adecuado a derecho y redactado de una forma específica. Pero ahí encontramos un problema. Los que nos dedicamos a la docencia en estas etapas no somos juristas, ni abogados acostumbrados a manejar esa jerga. Somos docentes, y nos manejamos con un lenguaje que nada tiene que ver con el que se pone en un BOE, salvo que seas profesor o profesora donde tu preparación exija el manejo de la normativa.

Con esto quiero decir que nos hace falta un poco de claridad en el desarrollo normativo. Creo que por parte del ministerio, y como complemento a la publicación de la normativa, se debería haber redactado un documento en el que se aclarara todo ese desarrollo. Por ejemplo, tener claras todas las interrelaciones que existen entre los diferentes elementos, o cómo llegar a una calificación desde un trabajo competencial donde se establece una evaluación cualitativa. Los redactores de la ley no deben quedarse solo en el diseño legal de los artículos, sino en ofrecer a los docentes, y a toda la comunidad educativa, una redacción llana y comprensible. Y en eso, el ministerio tiene un “insuficiente”.

Aunque es cierto que el profesorado debería cambiar su pensamiento y así llevar a la práctica todas las ideas novedosas que se plantean, una vez más, nos encontramos ante una reforma educativa que nos va a cargar con más burocracia si cabe, en detrimento, por supuesto, de nuestra labor pedagógica. Los docentes necesitamos que nos dejen trabajar. Sé que es difícil, y que lo que dice la norma es una cosa y “lo que yo puedo hacer en clase” es otra. Es cierto que llevar a la práctica el desarrollo de la legislación va a costar trabajo, pero no será imposible si se cumplen una serie de condiciones: eliminación de burocracia superflua (como por ejemplo dar notas cualitativas cada trimestre porque eso es lo que dice la ley y además una nota numérica, que es lo que están proponiendo algunas comunidades), limitación a una ratio adecuada o en su defecto poner en valor la codocencia, o formación adecuada para el desarrollo no solo del currículo, sino de todos los aspectos que se tienen que realizar en una clase.

Por supuesto, sé que los docentes, a pesar de todo, vamos a dar más del cien por ciento de nuestras posibilidades. Y lo sé porque precisamente eso es lo que hemos estado haciendo reforma tras reforma, adaptándonos a lo que cada cierto tiempo dictan unas leyes más políticas que pedagógicas. Nos adaptaremos, aunque lleve su tiempo, y llevaremos a nuestras aulas no solo la normativa, sino el espíritu de la misma: la personalización del aprendizaje y el intento de que nuestro alumnado desarrolle al máximo todo su potencial.

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