La crisis de Irlanda del Norte obliga a Londres y a Bruselas a volver a negociar tras el Brexit

Cuando ya parecía que el Brexit era una realidad incómoda, pero finalmente acordada, el principal escollo durante los años de negociación ha vuelto a salir a flote. El Gobierno de Johnson se ha escudado en la tensión social y política surgida en Irlanda del Norte durante las últimas semanas, provocada por los nuevos controles fronterizos y aduaneros, para reclamar a Bruselas una revisión del protocolo dedicado expresamente a ese territorio en el Acuerdo de Retirada que se firmó en enero de 2020. El ministro de Gabinete del Gobierno británico, Michael Gove, y el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic se han reunido este jueves en Londres para intentar desencallar una situación que ha vuelto a calentar los ánimos de ambas partes. La reunión, según el comunicado conjunto hecho público a su término, ha servido para rebajar la tensión entre las partes, “reiterar su compromiso con los Acuerdos de Viernes Santo [el acuerdo de paz en Irlanda del Norte de 1998] y con el pleno cumplimiento del Protocolo de Irlanda [anexo al Acuerdo de Retirada de la UE]” e intensificar los esfuerzos para aplicar las soluciones temporales a los problemas detectados.

Ambos políticos presiden el Comité Conjunto de supervisión del Acuerdo de Retirada de la UE, y han acordado convocarlo no más tarde del 24 de febrero para aprobar y dar impulso político a lo que se negocie, “en un espíritu de colaboración, responsabilidad y pragmatismo”.

Horas antes de su llegada a Londres, Sefcovic había enviado al ministro británico una carta de respuesta que, aunque prolija en detalles técnicos, no disimulaba una dureza en el tono, muy similar a la enviada por Gove la semana pasada. Sefcovic dejaba claro al Gobierno del Reino Unido que, antes de abordar cualquier cambio en el Protocolo de Irlanda del Norte, era necesario dar pleno cumplimiento a lo ya acordado, y presentaba un listado de asuntos concretos en los que el Reino Unido todavía no había puesto en marcha las obligaciones que le correspondían. “Las decisiones y adaptaciones [del texto] acordadas por el Comité Conjunto hace seis semanas fueron acogidas como una solución útil para ambas partes. Necesitan ser aplicadas de un modo completo y de manera urgente. Es un requisito previo antes de valorar si cualquier otra modificación, como las que se han solicitado, es necesaria y está justificada”, advirtió Sefcovic.

El vicepresidente de la Comisión señalaba a Gove que los Puestos de Control Fronterizo (BCP, en sus siglas en inglés) siguen sin funcionar del modo en que se estableció en el Acuerdo de Retirada. “Muy pocos controles de identidad, y un número muy limitado de controles físicos [de las mercancías] más allá de animales vivos y plantas”. Las autoridades británicas no han brindado todavía a los representantes de la UE “el acceso en tiempo real exigido a sistemas informáticos de aduana que resultan clave”, ni información sobre cómo se están llevando a cabo en la práctica ciertas flexibilidades de acceso mutuo acordadas, como el llamado “trusted trader scheme” (por el que se facilitan los trámites aduaneros a las empresas que han demostrado con garantías que cumplen los estándares regulatorios). Y, sobre todo, Sefcovic denunció en su carta que “el Gobierno del Reino Unido ha emitido recomendaciones oficiales en las que sugiere que las empresas que transportan bienes desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña fuera de los procedimientos reglados no están obligadas a proporcionar a las autoridades aduaneras información equivalente”. Justo lo contrario de lo que Londres se comprometió a hacer.

El tono previo a la reunión, tanto por parte del Gobierno de Boris Johnson como en la respuesta de la Comisión Europea, ha encendido señales de alerta en Dublín. La República de Irlanda sería la primera en sufrir las consecuencias negativas de la ruptura de un acuerdo que tanto costó forjar. El primer ministro irlandés, Michéal Martin, lanzaba un mensaje a ambas partes en el que exigía que se enfriaran los ánimos. “Hay problemas que el Gobierno británico puede solucionar, pero también creo que, en el lado europeo, algunos países necesitan también moderar su tono”, dijo.

La UE sospecha que el Gobierno de Johnson utilizó la excusa de una maniobra desafortunada de Bruselas para jugar con ventaja. La decisión de invocar el artículo 16 del Protocolo de Irlanda —pensado para situaciones excepcionales y que obliga a avisar a la otra parte— cuando estalló el conflicto de las vacunas obtuvo de inmediato una respuesta irritada de Belfast, Dublín y Londres. La Comisión Europea rectificó de inmediato, pero los actores principales aprovecharon el error para volver a cuestionar las disposiciones acordadas respecto a Irlanda del Norte para poder sacar adelante el Brexit. Johnson, empeñado en lograr una victoria política, accedió a que ese territorio británico siguiera formando parte del espacio aduanero y el mercado interior de la UE. En términos claros, desvinculó a los norirlandeses del destino del resto del Reino Unido. Y permitió que se estableciera una nueva frontera comercial en el mar de Irlanda, aunque los controles necesarios tuvieran que realizarse en tierra firme. Las pintadas amenazantes surgidas en las últimas semanas en los puertos de Belfast y Larne, que señalaban a los trabajadores aduaneros como “objetivos”, llevaron a las autoridades norirlandesas y de la UE a retirar temporalmente a sus trabajadores para garantizar su seguridad.

Downing Street aprovechó de inmediato la situación para reclamar mayor flexibilidad a Bruselas, con el argumento de que comenzaba a correr riesgo la delicada paz alcanzada en la región después de los Acuerdos de Viernes Santo (1998). “Resulta decepcionante que la Comisión Europea haya fracasado en reconocer la conmoción y la rabia experimentada por la comunidad de Irlanda del Norte, derivada de su decisión de invocar el artículo 16 [del Protocolo de Irlanda], y la necesidad de adoptar cuanto antes medidas urgentes para restablecer la confianza”, aseguró un portavoz del Gobierno de Johnson. La realidad política era que el ala dura del Partido Conservador cada vez estaba más irritada por un acuerdo que, según sus tradicionales aliados unionistas del DUP, había “traicionado” a Irlanda del Norte. La ministra principal de ese territorio, Arlene Foster, reclamó al líder conservador que demostrara su “creencia en la integridad del Reino Unido”. Johnson volvió a echar mano de una retórica extrema y aseguró la semana pasada en la Cámara de los Comunes que “no descartaba invocar él mismo el artículo 16 del protocolo si persistían las barreras en el mar de Irlanda”. El primer ministro ignoraba deliberadamente de este modo que esas barreras no eran más que la consecuencia forzosa del acuerdo que él mismo había firmado a finales de 2019 con la UE para sacar adelante su anhelado Brexit.