Eidf solar encarga un dictamen legal y un mapa de deuda en medio de la sangría en Bolsa

Auditoría, análisis forense y ahora, un nuevo dictamen legal y un mapa de la deuda. Eidf Solar, la firma de instalaciones industriales para autoconsumo renovable, sigue encargando informes a grandes despachos para intentar frenar la sangría en Bolsa, que le ha hecho perder casi el 90% de su valor desde el lunes. En un comunicado enviado en la tarde de este viernes a los medios, la empresa presidida por Fernando Romero habla de que las cuentas anuales de 2022, que tuvo que corregir a instancias del auditor, “reflejan la imagen fiel del grupo” y son muestra de “todos los ajustes derivados del análisis forense que precedió a su formulación por parte del consejo de administración”.

Esos ajustes se limitarían a un importe “inferior a dos millones de euros de ingresos, básicamente debidos a la distinta consideración del grado de avance de algunas obras”. Lo que no menciona la nota es nada respecto a los indicios que hallaron los investigadores sobre situaciones “en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos”. En cambio, destaca que, “en aras a la mayor transparencia”, ha encargado a un despacho profesional “de reconocido prestigio” internacional la elaboración de un dictamen legal derivado del informe forensic. Ese informe es un mensaje a los medios de comunicación: tendría como objeto analizar “las afirmaciones que se han vertido en los medios en los últimos días”, según aclaró posteriormente la empresa.

Deuda

En la información, la compañía expresa que la deuda que tendría en este momento, según unos cálculos que extrae de la información financiera del 2022 aderezados con varios acontecimientos de 2023, asciende a 28 millones a corto plazo y 44 a largo plazo, aunque es imposible de contrastar tal información porque la firma no ha presentado al mercado los datos correspondientes al primer semestre. “La compañía informa que, para la elusión de cualquier duda sobre su endeudamiento, ha encargado un mapa exhaustivo de su deuda actualizada elaborado, conjuntamente con KPMG, que se hará público una vez finalizado”, probablemente la semana próxima. La deuda, prosigue Eidf, está relacionada “con los activos de la misma, cubriendo éstos, por múltiplos, la deuda”. Por otro lado, la gallega afirma que no tiene intención de vender ningún activo que entre dentro de su plan estratégico a largo plazo, “salvo aquellos que no formen parte del eje principal de la actividad (...) pudiendo generarse rotaciones de activos siempre que ofrezcan rentabilidad”.

En cuanto al funcionamiento diario, Fernando Romero sigue ejecutando sus funciones como presidente y consejero delegado y no hay, de momento, planes de ajuste en la plantilla, formada por unas 200 personas. “De hecho, en el presente ejercicio la plantilla se ha incrementado en un 6% respecto del ejercicio anterior, y durante el periodo de suspensión de cotización la compañía ha realizado incorporaciones para determinados puestos”. La empresa no dice nada, en cambio, de su anunciada intención de fichar a un nuevo consejero delegado.

Irregularidades

La capitalización de Eidf Solar, presente en el BME Growth, pasó esta semana de 1.721 millones a solo 225. Después de cuatro meses suspendida por no presentar las cuentas anuales auditadas de 2022, la empresa comunicó al mercado un balance en el que presentaba un fondo de maniobra negativo por más de 20 millones debido a compras de activos, al incumplimiento de ratios financieros con uno de sus financiadores, a la emisión de pagarés a corto plazo para financiar inversiones a largo plazo y al desarrollo de parques.

La CNMV, hizo públicas, en contra de la voluntad de la empresa, partes seleccionadas del informe forensic al que se vio obligada a someterse cuando empezó el escándalo, realizado por Deloitte. La empresa gallega se negó a darlo a conocer, y en su negativa deslizó que se defendería en los tribunales ante las posibles consecuencias que tuviese la publicación del forensic. Entre otras cosas, el informe hablaba de situaciones “en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos” en operaciones con terceros. Con tres de los cuatro socios que fueron analizados, las pesquisas hallaron “evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, con el objeto de justificar la falta de control sobre las SPVs”. Las SPV o Special puppose vehicle son empresas constituidas con el único fin de ser un vehículo de la inversión en proyectos de energías renovables. En la carta de hoy a los medios, la empresa dice que la decisión de consolidar el resultado de las SPVs en su contabilidad fue suya, y no de la investigación forense.

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