Bienes públicos europeos y reglas fiscales para la nueva política económica

El consejero de Seguridad Nacional estado­unidense, Jake Sullivan, pronunció recientemente un discurso sobre la estrategia de política económica internacional de EE UU. Como bien saben los profesionales de la comunicación, el medio es un determinante fundamental del mensaje. Y esta vez también: el consejero de Seguridad Nacional fue el que explicó la estrategia de política económica internacional. Ese es el mensaje: la seguridad nacional dicta la estrategia económica.

El medio es el mensaje, y la repetición amplifica el impacto del mensaje. Aplicando un análisis de nube de palabras, las palabras más repetidas del discurso eran: industrial, infraestructura, inversión, tecnología, trabajadores americanos y cadenas de suministro. Y ¿saben que palabras no aparecían ni una sola vez en el discurso? Deuda pública o déficit fiscal.

Es la nueva política económica que hemos delineado en estas páginas, enfocada en la seguridad nacional, la resiliencia y la desigualdad, con el uso activo de los aranceles, subsidios y sanciones, y el énfasis en la inversión y no en el ahorro. Es la llamada “política exterior para la clase media”, enfocada en invertir en la economía y en los trabajadores americanos con una política industrial agresiva que pone EE UU primero, y todo lo demás, incluyendo sus aliados, después. Es lo que Jake Sullivan sugiere que se convierta en un nuevo Consenso de Washington —lo cual tiene su dosis de ironía, ya que esta nueva estrategia se aproxima cada vez más a la política económica que lleva adoptando China desde hace décadas—.

El discurso se enmarca en la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense, que por primera vez define de manera explícita la intención de retrasar el progreso tecnológico chino en materia de semiconductores avanzados. También se enmarca en la convicción del Gobierno americano de que la estrategia económica de las últimas décadas, con la liberalización comercial y la desregulación como principios articuladores, perjudicaba a los trabajadores y había abierto el camino a los movimientos populistas y puesto en peligro la estabilidad democrática debido al persistente deterioro de las expectativas económicas de la clase media trabajadora y de las regiones despobladas y desindustrializadas.

Es una política intervencionista, donde los objetivos de seguridad nacional y de cambio climático, y no el crecimiento o la estabilidad fiscal, determinan la política económica —como muestra el enorme programa de subsidios para combatir el cambio climático, que siendo ilimitado lleva visos de superar el trillón de dólares—. Donde el concepto de bien público se expande: incluyendo, por ejemplo, las cadenas de valor de materiales estratégicos —como las llamadas tierras raras necesarias para la fabricación de baterías—, que, según esta nueva doctrina, no se pueden dejar en manos del sector privado. Donde el uso de las sanciones y restricciones comerciales se multiplica: por ejemplo, el concepto de “jardines pequeños con vallas muy altas” —small yards, high ­fences, en inglés— que describe la estrategia de severas restricciones en las relaciones comerciales con China en el sector de semiconductores. Una estrategia que se estaba yendo de las manos con el concepto de decoupling (desconexión total de la economía china) y que Jake Sullivan trató de reconducirlo al concepto europeo de derisking (reducción de riesgos en las relaciones económicas con China).

¿Por qué esta introducción tan larga al tema de este artículo, la reforma pendiente de las reglas fiscales europeas? Porque, para ser competitivos en este nuevo contexto geoestratégico, Europa necesita un marco fiscal cuyo objetivo sea maximizar el apoyo a la nueva política económica, no unas reglas fiscales cuyo objetivo sea reducir la deuda a toda costa. Porque Europa no podrá alcanzar sus objetivos de autonomía estratégica —que incluye seguridad nacional y defensa, desarrollo tecnológico, y autonomía energética— y descarbonización sin un presupuesto que la apoye.

La autonomía estratégica y la descarbonización son objetivos comunes europeos y, como tales, su instrumentación debe articularse en parte a través de bienes públicos europeos que puedan alcanzar la escala necesaria y eviten el aumento de las divergencias económicas entre países. Digámoslo claro: la insistencia de algunos países de minimizar los bienes públicos europeos y de retornar a la reducción automática de la deuda es su manera de preservar, tras el velo de la disciplina fiscal, su ventaja competitiva, ya que creen que tienen el espacio fiscal que sus competidores europeos carecen para financiar domésticamente esta nueva política económica. Véase, por ejemplo, la reciente propuesta alemana de subsidios energéticos para su industria.

Digámoslo claro también: la articulación a través de bienes públicos europeos no implica transferencias entre países. Pero sí que implica en muchos casos la financiación común que, como se ha visto con el programa Next Generation EU (NGEU), aumenta la resiliencia económica, genera una condicionalidad positiva para las reformas estructurales y contribuye a la creación de un activo sin riesgo europeo, pieza clave para la autonomía estratégica —¿de verdad creen que EE UU tendría la potencia geoestratégica que tiene sin el dólar y los bonos del Tesoro?, o ¿China sin las enormes reservas de moneda extranjera que le permiten financiar todo tipo de proyectos?—. Además, al ampliar la emisiones de bonos europeos y consolidarlas en un producto único y predecible se eliminaría su carácter exótico y se reduciría su coste de financiación. Y sí, esto requeriría acordar nuevos ingresos europeos para el servicio de esta deuda, como la transferencia de una parte de la recaudación del IVA. Difícil políticamente, pero inevitable.

Acordar un programa de bienes públicos europeos que dé continuidad al NGEU —y, de paso, resuelva la incertidumbre sobre la renovación de los bonos que lo financian— es un prerrequisito clave para abordar el debate sobre las reglas fiscales. Porque cuanto más amplio sea el espectro de bienes públicos europeos, más se pueden enfocar las reglas fiscales nacionales en la sostenibilidad (que no la reducción automática, dos conceptos muy distintos) de la deuda, y viceversa. Sin bienes públicos europeos, las reglas fiscales deben incluir excepciones para un amplio presupuesto nacional de inversión, una solución subóptima que reducirá la supervisión europea, aumentará la probabilidad de gasto ineficiente y ampliará las divergencias económicas entre países.

Un mayor espectro de bienes públicos europeos que cubran una parte importante del presupuesto de inversión permitirá el diseño de unas reglas fiscales que, de manera individualizada para cada país, compaginen la gestión del ciclo económico con la mejora de la sostenibilidad de la deuda. Lo cual requiere una política fiscal contracíclica que aproveche los momentos de bonanza económica para reducir la deuda de manera oportunista, sin automatismos y preservando la inversión social. De hecho, esto es lo que ha sucedido en el periodo 2022-2023: una política fiscal inteligente que ha ayudado a controlar la inflación y ha reducido la deuda y el déficit preservando la inversión gracias al NGEU. El nuevo marco fiscal debería consolidar la experiencia de 2022-2023, enfocándose en la calidad de la política fiscal y el contexto cíclico, y no en arbitrarios e ineficientes criterios cuantitativos condenados a no cumplirse.

EE UU y China han decidido priorizar la inversión para ser líderes mundiales. China es líder en baterías y ya exporta más vehículos que Alemania. Europa debe decidir si quiere ser actor principal o comparsa secundaria en este nuevo panorama geoestratégico. El marco fiscal europeo tendrá la respuesta.

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