Japón se ve atrapado en su propia tela de araña

La salud fiscal de Japón inquieta tanto dentro como fuera de sus fronteras. El país del sol naciente lleva dos décadas aferrado a una política monetaria ultraexpansiva para elevar una inflación que se había mantenido en mínimos durante años, hasta que el encarecimiento de costes acelerado por la guerra de Ucrania paró en seco esa tendencia. El Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) resiste como el último bastión de los grandes bancos centrales en mantener una estrategia ultralaxa con los tipos de interés, a pesar de la galopante inflación, que en diciembre alcanzó el 4%, su valor más alto desde 1981. Pese a las crecientes presiones de los inversores por recibir mayores incentivos, y de quienes piden medidas para contener el alza de precios, el BoJ se mantiene, de momento, reacio a cerrar la etapa de los tipos cercanos al 0%. Japón es la nación industrializada más endeudada del planeta y subir la rentabilidad de los bonos a diez años haría aún más pesada la carga del pago de la deuda pública, que dobla su producción económica anual.

Japón, que importa la mayoría de los recursos y alimentos que consume, viene sufriendo una gran presión inflacionaria provocada por el aumento de los costes de las materias primas y el carburante, así como por la fuerte depreciación del yen. En septiembre, la divisa nipona se hundió a su mínimo más bajo frente al dólar en 24 años, obligando al Ejecutivo a intervenir por primera vez desde 1998. Aunque las autoridades consideran que la ola inflacionaria es pasajera y reflejo de lo que ocurre en el resto del mundo, el índice de precios al consumo se incrementa mes a mes. El IPC de Tokio creció un 4,3% interanual en enero, marcando un récord en cuatro décadas y doblando el objetivo fijado en 2013 por el banco central para mantener la estabilidad de precios. El indicador económico de la capital nipona se utiliza como barómetro de lo que ocurrirá en el resto de la nación, que ya registró en diciembre una inflación del 4%.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y bursátil japonesa en la década de 1990 provocó una ralentización de la entonces segunda potencia económica mundial y una caída de los precios que llegó a alcanzar registros deflacionarios. Con el objetivo de revertir esa tendencia, el banco central ha ido adoptando progresivamente medidas como aplicar tipos de interés oficiales del 0% e introducir una estrategia de expansión cuantitativa para ampliar la base monetaria a través de la compra de activos. En 2013, Japón se embarcó en un experimento de estímulo monetario y fiscal aún más ambicioso a través de la compra de un volumen muy elevado de activos públicos y privados que han llegado a situar en 2022 el balance del BoJ alrededor del 130% del producto interior bruto (PIB).

“Las políticas económicas impulsadas durante la segunda legislatura de Shinzo Abe se basaron en el supuesto de que la deflación era la razón principal del estancamiento económico de Japón. Por tanto, si el banco central implementaba una política ultraflexible y fijaba la meta de inflación en el 2%, el yen se depreciaría y la economía se recuperaría”, expone Kato Izuru, economista jefe de la empresa de investigación de mercados Totan Research. “Temiendo que la bajísima rentabilidad de la deuda soberana a diez años estuviera distorsionando el mercado financiero, el BoJ amplió en diciembre del 0,25% al 0,5% la banda máxima en la que permite que fluctúe su rendimiento”, agrega. El Gobierno japonés se ha visto favorecido durante años por el rendimiento de esos títulos en torno al 0%, ya que apostar por el alza de los tipos de interés incrementaría los costes de financiación del Estado.

Compra de bonos

Muchos inversores creen que el BoJ se verá obligado a ajustar, o incluso desmantelar, su política monetaria ultraexpansiva, pues consideran que no puede sostener el volumen masivo de compra de bonos necesario para defender ese tope. Pese a las crecientes presiones, no parece que ese giro vaya a producirse antes de primavera. El gobernador del banco central, Haruhiko Kuroda, uno de los principales defensores de la estrategia, reiteró el lunes ante el Parlamento que la economía nacional no está preparada para asimilar un alza de los tipos y enfatizó la importancia de impulsar un círculo virtuoso en el que precios y salarios crezcan a ritmos similares. Kuroda presidirá su última reunión del BoJ el 9 y 10 de marzo, antes de que finalicen sus diez años de mandato el 8 de abril.

“No es fácil cambiar de dirección cuando se han mantenido políticas monetarias poco convencionales durante mucho tiempo, porque crean una trampa de deuda de la que es complicado escapar”, considera Izuru. Y es que Japón se ha esforzado durante años por elevar la inflación a un alto coste: su ratio de apalancamiento sobre el PIB es el mayor entre los países del G-7 (el Grupo de las siete naciones más desarrolladas), situándose en un 264% en 2022, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más de la mitad de la deuda pública japonesa está en manos de su banco central. A pesar de que el BoJ funciona como una institución independiente, su política monetaria se ha integrado fuertemente con la política fiscal del Gobierno en la última década, un hecho que preocupa a analistas citados por el rotativo Asahi Shimbun. El aumento de la participación de esta institución en la compra de bonos gubernamentales ha pasado del 11,48% en 2013 al 50,26% actual.

Desde el Ministerio de Finanzas se estima que cada subida de un punto porcentual de los tipos de interés impulsaría el coste de la deuda en 3,7 billones de yenes (26.129 millones de euros). Debido a su enorme dependencia de los préstamos y a los presupuestos récord de la Administración de Fumio Kishida, la deuda nipona superará los 1.100 billones de yenes (7,7 billones de euros) por primera vez en marzo de 2027, según las estimaciones más recientes. La semana pasada, durante su ronda de consultas anuales con Japón, el FMI instó al Ejecutivo a “compensar el aumento de los gastos con un incremento de los ingresos”. La balanza de pagos, una de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos japoneses, se deterioró enormemente en 2020, como resultado de los repetidos paquetes de estímulo fiscal aprobados para hacer frente al coronavirus. El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, ya advirtió a finales de enero de un deterioro “sin precedentes” de la salud fiscal del país.

Japón ha estado a la zaga de otras potencias en la recuperación tras el momento álgido de la pandemia. El FMI mejoró el lunes sus previsiones de crecimiento en 2023 para la tercera economía mundial, aunque sean solo dos décimas, hasta el 1,8%, un repunte de cuatro puntos con respecto a 2022.