Países Bajos o cómo un gobierno liberal se disfraza de socialdemócrata

El pasado 30 de septiembre, la inflación llegó en Países Bajos al 17,1%. Es la tasa más alta desde la Segunda Guerra Mundial, atribuida, en gran medida, al precio de la energía por la guerra en Ucrania. Solo 10 días antes, el Gobierno había presentado los Presupuestos Generales, que incluían una inyección de 17.000 millones de euros —de un total de 395.000— para apuntalar el poder adquisitivo y “apoyar a grupos vulnerables y con ingresos medios”. El plan fiscal que acompaña a esta cifra incluye apartados que no suelen asociarse a un Gabinete de centro derecha como el actual, ya que no solo contiene un aumento del salario mínimo del 10%, hasta los 1.930 euros, sino que parte de la cuenta será pagada por grandes empresas, y las rentas altas también abonarán más impuestos.

Con los liberales de derecha como mayor partido de la actual coalición en el poder, se trata del “gabinete de derecha con el presupuesto más de izquierda en años”. La descripción es del economista holandés Mathijs Bouman, hecha poco después de la presentación oficial de los planes. En un artículo publicado en el diario Financieele Dagblad, Bouman añadía que se había arrinconado “la teoría de que los problemas sociales pueden resolverse solos, así como la de unos cálculos cautelosos”. Ante la actual crisis energética y la espiral inflacionista, “solo el Gobierno puede ocuparse de solucionarlo, de modo que ha decidido nivelar”. Según la Oficina Central de Planificación, unas 833.000 personas vivirán por debajo del umbral de la pobreza en 2023 si no se aborda pronto la pérdida de poder adquisitivo. Países Bajos tiene 17,7 millones de habitantes.

El economista e investigador holandés Marcel Jansen atribuye haber llegado a la cota del 17% de inflación a dos posibles causas. Por un lado, porque esa tasa puede sobreestimar la inflación “al considerar solo el precio de la energía en los nuevos contratos”. Aun así, la cifra le parece escalofriante al dejar patente “la envergadura de la crisis, pero también los errores del propio Gobierno”. La otra explicación es el estado del mercado laboral holandés, “donde los trabajadores tienen mayores facilidades para exigir subidas salariales, de modo que el aumento de los costes ha podido extenderse a más sectores”. Jansen recuerda que hay falta de personal por todas partes y las empresas no tienen más remedio que compensar el poder adquisitivo. “Además, Países Bajos y Alemania dependen mucho del gas ruso”, asevera.

Jansen, profesor titular de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que Países Bajos ha infravalorado el impacto de la pandemia y de la crisis energética en la economía nacional. Cree que el Ejecutivo “ha querido retomar la iniciativa y el paquete final les ha salido mucho más caro”. Y apunta que en las ambiciosas ayudas presentadas ha influido la ministra de Finanzas, Sigrid Kaag. “Este presupuesto no habría sido posible sin la presencia de los liberales de izquierda [D66], el partido de Kaag, [uno de los cuatro que forman el Gobierno] porque han movido al presidente Mark Rutte, un liberal de derecha, más hacia el centro izquierda”, argumenta.

Al economista Bas Jacobs, sin embargo, la actual política presupuestaria holandesa le parece “caótica”. Para ilustrarlo, señala que las cuentas para 2023 contemplaban ya un déficit de cerca de un 3% del PIB, sin incluir el techo fijado para los precios de la energía decidido por el Gobierno un día antes de su presentación al Parlamento. “Ese tope costará alrededor de otro 2% del PIB, de modo que sin medidas adicionales, como un aumento de los impuestos o un recorte de gastos, el déficit puede encaminarse hacia un 5%. Esa cifra se aparta de las normas de Bruselas y es demasiado elevada para el curso actual de la economía holandesa”, declara.

Recalentamiento

Catedrático de Economía en la Universidad Libre, de Ámsterdam, Jacobs advierte también “del sobrecalentamiento de la economía”, porque la inflación subyacente se acerca al 6%, y el mercado laboral tiene más vacantes que parados. En su opinión, “el elevado gasto del Ejecutivo contribuirá a más inflación”. ¿Podía haberse hecho de otro modo, dada la crisis actual? “Siempre hay otras opciones”, afirma. Explica que el Gobierno “quería compensar a las personas con ingresos bajos por el elevado recibo de la energía cambiando el sistema de transferencias e impuestos, pero en el último momento aplicó el tope a estos precios, y eso duplica el gasto”.

Jacobs sostiene que en este Gobierno nadie parece querer asumir la responsabilidad del coste político derivado de la adopción de medidas dolorosas que puedan reducir el déficit. “Por eso acuerdan gastar tanto dinero, teniendo, ahora, una mayoría justa en el Congreso y sin mayoría en el Senado”. Este experto calcula que la actual factura del gas bajará el próximo año ante la presencia de alternativas, como la energía solar o eólica, y más energía eléctrica. “Con la covid-19, el Gobierno ya sostuvo la economía con enormes decisiones que costaron un 10% del PIB a lo largo de un año y medio”, señala. Y concluye: “Los presupuestos remitidos ahora al Parlamento no explican cómo se pagará el tope para la energía en 2023, pero se pide una especie de cheque en blanco para su aprobación”.

El tope anunciado es para el precio del gas y la electricidad para uso doméstico. Si bien la cifra depende “de la incertidumbre del momento”, se calcula en 1,50 euros por metro cúbico de gas, y en 70 céntimos por un kilovatio de electricidad para el consumo medio de un hogar (1.200 metros cúbicos de gas y 2.400 kilovatios de electricidad anuales). Un fondo de emergencia evitará desconexiones por falta de pago.

A esto se añade la rebaja del IRPF para trabajadores que, junto con otras bonificaciones fiscales, impulsará la renta media en unos 500 euros anuales. A la exención de pagar impuestos sobre los activos en ahorros de hasta 57.000 euros, se suma que las rentas altas abonen más: el impuesto sobre el rendimiento del capital pasará del 31% a un 34%.

Por otra parte, los actuales impuestos sobre los combustibles se mantendrán hasta el 30 de junio de 2023. A partir de entonces, y hasta diciembre del próximo año, se reducirán: la gasolina sin plomo, 8,65 céntimos por litro; el gasóleo, 5,55 céntimos por litro; y el gas licuado del petróleo, 2 céntimos por litro.