Llega la junta de accionistas más temida por Sánchez Galán

Viernes 29 de marzo de 2019. Palacio Euskalduna de Bilbao. Un eufórico Ignacio Sánchez Galán se pasea por el vestíbulo tras presidir la junta general de accionistas de Iberdrola repartiendo saludos y haciéndose fotos. Acaba de recibir el apoyo a su gestión y de ser renovado para cuatro años más (hasta 2023, cuando tenga 72). Sobre el asunto, había afirmado que “el consejo tiene perfectamente definidos los planes sucesorios” ante una pregunta tan aparentemente inocente como teledirigida.

Viernes 18 de junio de 2021. Nueva junta general. Las restricciones de la pandemia, como ocurrió en 2020, impiden exaltaciones, paseos y selfis; pero a Sánchez Galán le basta con que nadie ha hecho mención alguna de la investigación abierta a la empresa por el juez Manuel García-Castellón por supuestos encargos de espionaje al comisario retirado José Manuel Villarejo (pieza separada número 17 del caso Tándem). Sánchez Galán, mientras, aprovecha para descargar arremetidas contra el Gobierno por las medidas sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas.

Miércoles 23 de junio de 2021. El alivio, sin embargo, solo dura cinco días, los que tarda el juez de la Audiencia Nacional en imputar a Sánchez Galán y tres directivos por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos de los que les acusa la Fiscalía Anticorrupción. Según esta, hay “numerosos indicios” de que el ejecutivo conoció y autorizó los trabajos de espionaje que encargó la eléctrica al comisario entre 2004 y 2017. Constan, al menos, 17 facturas, por las que Villarejo recibió 1,04 millones de euros. Entre otras, las correspondientes a los proyectos Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro cuando este era presidente de Endesa, y Posy, espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto del grupo constructor a la eléctrica, en la que se acercó al 20% del capital, en 2009.

Viernes 10 de junio de 2022. Ahora se avecina una junta general atípica, empezando porque se celebra en su sede social de la Torre Iberdrola de Bilbao, con un auditorio mucho más reducido. La compañía ha invitado a sus accionistas a que no acudan presencialmente y que asistan a través de canales telemáticos o deleguen el voto. Para ello ofrece como incentivo un dividendo adicional de involucración, que está condicionado a que se alcance el 70% de quórum. Este dividendo, que debe aprobar la junta, es de 0,005 euros brutos por acción. Es la primera empresa del Ibex 35 que premia así a sus accionistas en el evento más importante de una sociedad anónima.

El objetivo, paradójicamente, es aumentar la asistencia “dentro de un concepto de junta más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora” y “preservar su salud, fomentar la sostenibilidad y evitar las molestias derivadas de las medidas que pudieran ser impuestas por las autoridades”. Sánchez Galán afronta la junta con un bagaje de alto nivel por sus conquistas en proyectos de renovables e hidrógeno; pero sin haber resuelto su imputación. Su objetivo es que sus accionistas le resuelvan la papeleta. Hasta dentro de un año no tiene que someter a consenso su renovación, pero en el curso de esta junta los accionistas pueden pronunciarse sobre la imputación e, incluso, exigirle la dimisión por este asunto, que ya supuso el rechazo de las autoridades de Nuevo México, en diciembre de 2021, a la adquisición de PNM Resources por parte de Iberdrola.

La junta es el mejor termómetro para medir la percepción que los grandes accionistas tienen de su primer ejecutivo. Los principales son el fondo soberano Qatar Investment Authority (8,7%), BlackRock (5,2%) y Norges Bank (3,6%). La expectación se centra en la postura de los asesores de voto (proxy advisors), que influyen en mayor medida sobre los accionistas institucionales y no coinciden precisamente en su punto de vista. Mientras algunos, como ISS, respaldan el apoyo a la veintena de puntos del orden del día, otros, como el español Corporance, sugieren que se opongan por el impacto reputacional del caso Villarejo. Al tiempo, apela al reglamento interno sobre los supuestos en los que los miembros del consejo deben presentar su dimisión y cuestiona su pasividad ante la ausencia de un plan de sucesión transparente.

Pero Galán es un tipo duro. Desde que llegó a Iberdrola en 2001 como consejero delegado (en 2006 sustituiría en la presidencia a Íñigo Oriol) ha demostrado que se crece en las adversidades. Así lo hizo cuando se enfrentó al imperio Caixa rechazando la fusión con Gas Natural y, posteriormente, oponiéndose a la entrada de la ACS de Florentino Pérez. Llegó a tal punto su obsesión que ordenó comprar acciones de ACS para acudir a la junta y torpedear los acuerdos. Y, para diluir la participación de la constructora, orquestó la compra de Scottish Power y Energy East (hoy Avangrid), que a la larga le han dado la posibilidad de convertirse en una de las grandes eléctricas del mundo, encabezar la tabla de cotizaciones y duplicar sus accionistas hasta los actuales 600.000.

Algunos patinazos

El acervo de Ignacio Sánchez Galán, que ordenó a sus servicios de prensa que omitiesen su primer apellido en las notas oficiales, es amplio y ambicioso. Quizá el suficiente para sentirse con alta autoestima; pero no ha evitado tener serios patinazos, como el de llamar tontos a parte de sus clientes (“solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio”) o infravalorar a sus empleados (“no piensen, ejecuten, que ya piensan otros”), que le han pasado factura.