Pechos caídos, labios deformados: el calvario de reclamar por las cirugías estéticas que salen mal
Estas operaciones tienen riesgos, pero el paciente tiene derecho a exigir compensación cuando no se actúa bien
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Cada vez son más las personas que acuden a la cirugía para mejorar su imagen o borrar los signos de la edad. En España se realizan casi 400.000 intervenciones estéticas al año, según estimaciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). A pesar de que parecen estandarizadas, son operaciones que entrañan algún riesgo. Recientemente, una mujer ingresó en coma tras una cirugía estética. Siempre hay casos en los que no se obtiene el resultado esperado o dejan secuelas físicas y psicológicas en el paciente. Es entonces cuando muchos se ponen en manos de un abogado e inician un litigio de final incierto.
“Yo tenía mamas tuberosas y decidí reconstruirme el pecho en agosto de 2006″, relata Mamen Serrano. Le costó encontrar cirujano por tratarse de una operación compleja, pero consiguió uno en una prestigiosa clínica. “Me hicieron una simulación por ordenador de lo espectaculares que me quedarían”, cuenta. La última intervención, conocida como de “T invertida”, le dejó una cicatriz vertical que no terminaba de cerrar y la herida abierta se convirtió en su peor pesadilla. Agobiada, tras cinco meses, acudió a un dermatólogo que dio en el clavo: la cura con Betadine que le habían pautado le abrasaba el tejido. La herida cerró con vaselina en cuestión de días.
El peregrinaje de Mamen fue duro. “Nadie me quería hacer un informe pericial; hay un corporativismo tremendo”, recuerda. La primera sentencia fue favorable, la juez condenó al facultativo a pagarle algo más de 48.000 euros. Un total que incluía 3.000 euros para compensar “la situación de preocupación y angustia” por el aspecto físico de las mamas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid rebajó la cuantía a poco más de 23.500 euros. “Entre operaciones, abogados, los 6.000 euros del perito, tratamientos y mil historias, me había gastado unos 36.000″. Aún sigue sufriendo cada vez que se mira en el espejo.
No siempre se puede reclamar por una operación o tratamiento estético. El paciente tiene que demostrar la culpa del profesional y la relación causal con el daño. Además, el médico no responde normalmente del resultado mientras haya actuado con pericia e informado de los riesgos al paciente. Como señala Isabel Burón, socia responsable del departamento de responsabilidad profesional médica y daños personales en Clyde & Co, el Tribunal Supremo viró en 2010 de un criterio más duro, que achacaba a los cirujanos plásticos los fracasos por tratarse de una medicina satisfactiva o voluntaria, a la actual postura, en la que, como el resto de los facultativos, están “sujetos a una obligación de medios, no de resultado”.
Es decir, una cosa es que la operación esté mal hecha y otra que el aspecto final no sea el esperado. “La cirugía plástica no conlleva la garantía del resultado”, dice el Alto Tribunal en una sentencia de 2016. Siempre que no se comprometan a ello, se entiende. Y es que, como explica Burón, el paciente “está expuesto a los mismos riesgos que en cualquier otro tipo de cirugía”. Eso sí, puesto que son operaciones voluntarias, “el profesional está especialmente obligado a informarle de las alternativas que tiene y de los riesgos propios de la intervención a la que se va a someter”. No avisar al cliente de algún peligro particular, por remoto que sea, o hacerlo tarde abre la vía a la indemnización.
Esta es la clave para muchos de los asuntos que acaban en los tribunales. Por eso el abogado que acepta el caso bucea primero en la historia clínica del afectado y en el consentimiento informado. Pero acceder al historial “no siempre es rápido”, expone Eugenio Moure, especialista en derecho sanitario y socio director del bufete con el mismo nombre, que también se queja de casos de “manipulación de las historias”. Una publicidad engañosa, agrega, “puede viciar el consentimiento al adulterar la información precontractual, que tiene que ser veraz y completa”.
Para ir a juicio es preciso asumir el coste de un informe pericial, imprescindible para ambas partes. “Es el experto quien explica lo ocurrido y si se aparta de la práctica correcta, adecuada a la lex artis”, explica el responsable de periciales médicas de Perito Judicial Oficial. Esto es, “si se han vulnerado protocolos, se han adoptados conductas imprudentes o ha habido abandono o desatención”. El documento guía al abogado “en las líneas potenciales de reclamación”. Como explica, no se juzga tanto las consecuencias como “el manejo”, por lo que “puede haber resultados de muerte no reclamables, pues, por desgracia, las complicaciones existen y resultan inevitables”.
El precio
Si el asunto es viable, expone Moure, “intentamos agotar las vías de solución extrajudicial, pero ni las clínicas ni sus aseguradoras son proclives a negociar”. En cambio, Burón asegura desde el otro lado que esta vía “se valora cada vez más en casos de situaciones complejas”.
La batalla judicial se da tanto por la condena (si la praxis fue o no correcta) como por lo que vale la negligencia. ¿Cuánto valen unos labios mal operados o unos pechos caídos? Los parámetros indemnizatorios están fijados para los daños corporales en un baremo aprobado para accidentes de tráfico y los daños morales por criterios jurisprudenciales, apunta Moure. “También reclamamos la devolución del coste del tratamiento”, añade. Desde el año 2015, agrega la letrada, se modificaron al alza las indemnizaciones del baremo y se ha ampliado el círculo de legitimados para reclamar. Ya no solo se considera perjudicado al familiar directo de la víctima, “sino también a la pareja de hecho o conviviente”.
Regulación profesional
El fallecimiento de Sara Gómez el pasado enero tras someterse a una lipoescultura por un cirujano cardiovascular con cursos en estética ha reavivado el debate sobre la regulación de esta clase de intervenciones. Algo que viene de lejos. Ya en 2006 la justicia condenó a un médico por las lesiones provocadas al realizar un alargamiento de pene sin ser urólogo. Alberto García, abogado de SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética), afirma que siguen reivindicando “una regulación jurídica que proteja al paciente, de tal manera que debería delimitarse con precisión las intervenciones que puede realizar cada especialista en base a su título oficial y a su especialidad vía MIR”.
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