Despoblación, servicios públicos y confianza en las instituciones

Un reciente artículo publicado en este mismo periódico recoge impresiones de personas que decidieron votar por Vox en las pasadas elecciones celebradas en Castilla y León. Aunque los motivos son diversos, hay un denominador común en muchos de los testimonios: la “sensación de abandono, de que nadie se ocupa de ellos, de vivir en una tierra olvidada”. ¿Es posible que la despoblación sea un detonante del voto a opciones políticas en los extremos del espectro político?

Que las zonas que experimentan desaceleración económica tienden a aumentar su apoyo por partidos extremistas no es un fenómeno nuevo. En los últimos años la literatura académica ha demostrado que fenómenos como la globalización y automatización han diezmado empleos y han dado alas a partidos populistas en algunas regiones. Por ejemplo, David Autor y coautores mostraron que las zonas de Estados Unidos con estructuras industriales vulnerables a la competición de importaciones chinas votaron en mayor medida por Donald Trump en 2016. Colantone y coautores encontraron efectos similares para Europa occidental en relación con el voto a partidos de extrema derecha.

Sin embargo, esta literatura es menos concluyente en lo que a los mecanismos se refiere. ¿Qué determina que un votante que reside en una zona deprimida vote a este tipo de partidos? Los estudios en ciencia económica tienden a enfatizar el aumento de la inseguridad económica como detonante de la pérdida de confianza en instituciones y partidos políticos tradicionales. Esta sensación de vulnerabilidad económica puede hacer más atractivos a líderes políticos que proponen soluciones simplistas a los problemas económicos, como por ejemplo, cerrar fronteras o poner aranceles al comercio. En cambio, la literatura en ciencia política a menudo apunta a factores culturales. Influyentes politólogas, como Norris o Mutz, argumentan que la sensación de pérdida de valores tradicionales y la tendencia hacia el multiculturalismo es percibida por algunas personas como una amenaza a su identidad y sus tradiciones. En periodos de crisis económica estas amenazas identitarias se hacen más latentes, lo que hace posible que partidos de corte populista se abran hueco entre el electorado.

Un tercer tipo de mecanismo, algo menos estudiado, plantea que la falta de una adecuada respuesta política a la difícil realidad de algunos ciudadanos pueda estar detrás de los procesos de desafección. Por ejemplo, Fetzer muestra que las personas que más habían sufrido la política de austeridad y recortes en el Reino Unido a principios de los 2010 votaron en mayor medida a favor del Brexit. Dal Bó y coautores muestran que recortes de similar naturaleza en Suecia dieron alas al partido de extrema derecha Demócratas de Suecia. Estos estudios apuntan a que la pérdida de prestaciones y ayudas públicas puede ser un detonante de los procesos de desafección institucional de los ciudadanos y de espacio para opciones políticas populistas. Es probable que estos procesos se acrecienten en situaciones de vulnerabilidad como aquellas generadas por la ralentización económica.

Otra manera de estudiar el efecto de la calidad de los servicios públicos en los procesos de desapego político surge de la realización de experimentos aleatorios controlados. En un estudio reciente que he realizado junto con Carlos Sanz (Banco de España), tratamos de evaluar cómo la calidad de la gestión pública en la lucha contra la pandemia de la covid-19 afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. Con este fin, en noviembre de 2020 realizamos una encuesta a 5.000 personas residentes en España. A un subconjunto de estas personas que fueron seleccionadas aleatoriamente les proporcionamos información sobre el número de rastreadores para la covid-19 de los que disponía su comunidad autónoma. Al resto de personas no le proporcionamos esta información. Comparando las respuestas de ambos grupos podemos estimar el efecto causal de la información en sus opiniones políticas. Para la gran mayoría de encuestados el número real de rastreadores es inferior a lo que esperaban. Por lo tanto, la información proporcionada son malas noticias sobre la calidad de la gestión de la pandemia en su región. Cuando les proporcionamos esta información los encuestados desarrollan una visión más negativa de la calidad de las instituciones políticas del país. La pérdida de confianza no se restringe sólo a su gobierno autonómico, sino que también afecta a otras instituciones como el gobierno central, el sistema de salud y el sistema judicial.

Dada la creciente evidencia de que la pérdida de calidad de los servicios públicos es un detonante del desapego, cabría esperar que la despoblación sea un caldo de cultivo propicio para generar desconfianza institucional y apoyo a partidos populistas. El proceso de despoblación a menudo conlleva simultáneamente un proceso de desaceleración económica y también una pérdida de servicios públicos. Un reciente estudio realizado por Dancygier, Laitin y coautores proporciona evidencia empírica en este sentido. Usando datos de 11 países europeos muestran que aquellas regiones que perdieron mayor población experimentaron un aumento mayor del voto a partidos de extrema derecha. La novedad de este artículo reside en demostrar que, incluso cuando se controla por el nivel de actividad económica, la despoblación sigue teniendo un efecto en el apoyo a estas opciones políticas. Aunque el análisis de los mecanismos es todavía preliminar, una posible hipótesis es que la pérdida de servicios públicos, como centros de salud o escuelas, tenga un efecto negativo en el grado de confianza de las personas en su sistema político.

¿Sería deseable revertir la tendencia de pérdida de servicios públicos y sobrecompensar a las regiones que pierden población con una mayor inversión pública en servicios e infraestructuras? Esta opción sería coherente con el papel del Estado del bienestar como mecanismo compensatorio ante situaciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, esta estrategia iría en contraposición a la tendencia de promover el desarrollo de las grandes urbes como foco de innovación y creación de industrias de alto valor añadido. También en el marco de la lucha contra el cambio climático, algunas voces promueven la concentración de la población en las ciudades debido al menor consumo de CO2 per cápita que conlleva residir en viviendas más pequeñas y utilizar en mayor medida el transporte público. Los poderes públicos deberían hacer una reflexión para desarrollar unas políticas públicas que promuevan una distribución de la actividad económica y de los servicios públicos en el territorio que sea eficiente y que a su vez proteja a los ciudadanos de la sensación de abandono institucional.

Mónica Martínez Bravo es profesora de Economía en CEMFI y reciente ganadora del premio del Banco Sabadell a la mejor economista menor de 40 años en España. En Twitter: @Mmbravo_es