Más salas de apuestas para menos jugadores

El sector privado de las apuestas vivió un 2020 muy negativo, con un descenso del 47% en facturación, pero la oferta de locales no se resiente

Fachada del salón de juego Nevada, de la empresa Codere, en Madrid, en una imagen de 2019.
Fachada del salón de juego Nevada, de la empresa Codere, en Madrid, en una imagen de 2019.álvaro García

El juego tiene la buena o la mala suerte de ser un negocio pegado a los ciclos económicos, y durante esta pandemia se hizo más cierto que nunca el hecho de que apostar es un gasto prescindible. Se terminó la tendencia suave y sostenida de crecimiento de años anteriores: los españoles se dejaron 6.771 millones de euros en todos los juegos de apuestas (diferencia entre las cantidades invertidas y los premios repartidos), lo que supuso una caída de un tercio en los ingresos del sector, pero en el juego privado presencial (exceptuando la Lotería Nacional y la ONCE) el desplome fue mucho mayor, del 48%, hasta los 2.504 millones de euros. Si un año normal este sector pesa un 0,8% en el PIB, el pasado año pandémico su impacto se redujo en dos décimas, lo que llevó a que, durante el estado de alarma, la mitad de las plantillas llegasen a estar en ERTE (el pasado julio aún quedaban unas 4.000 personas en esa situación, el 8,5% del total).

Los datos, recogidos en el Anuario del Juego que cada año editan la Universidad Carlos III y la patronal Cejuego, también hablan de un segmento en plena forma: el juego online, que creció un 13% hasta facturar 850 millones. Aunque las apuestas deportivas, el póker, el casino virtual y los slots, por ahora, son al juego lo que el coche eléctrico a la automoción: un mercado prometedor pero pequeño. Su peso no pasa del 8% en un año normal y en el extraordinario 2020 escaló hasta el 13% de toda la tarta del negocio porque todo lo demás bajó. También se mantuvo (hasta que la regulación la restringió, el verano pasado) el esfuerzo inversor en publicidad y patrocinios de estos juegos: las empresas se gastaron el récord de 228 millones en 2020 y 147 hasta el pasado junio.

La recuperación, en cualquier caso, no está siendo todo lo vigorosa que los operadores desearían: según las mejores previsiones de los grandes grupos, 2021 todavía estará un 15% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Lo cierto es que sigue habiendo tanta o más capacidad instalada que antes. Porque a cuatro meses de cumplirse el segundo aniversario de la explosión del coronavirus, en España siguen abiertos los mismos casinos (55) —menos el de Logroño, que cerró el año pasado— bingos (320) e incluso hay 139 salones más que antes, hasta un total de 3.891. Al menos en la estadística solo se ha notado un fuerte descenso de las máquinas tragaperras de los bares, donde hay 140.800 unidades, unas 12.000 menos que en 2019.

“Las empresas son reacias, y esto es digno de estudio, a cerrar, a echar a la gente a la calle”, reflexiona Alejandro Landaluce, director de Cejuego. Una explicación al fenómeno podría estar en que las comunidades autónomas no dan de baja locales que siguen teniendo licencia aunque estén cerrados. “Durante este próximo año se verá realmente lo que va a pasar. O viene una bonanza increíble o se verá la caída”, añade.

El informe, coordinado por José Antonio Gómez Yáñez, profesor asociado de sociología de la Carlos III, recuerda que la industria del juego esta vez afronta una profunda reconversión “tanto en canales de distribución como en la necesidad de adaptación a las nuevas demandas de los clientes”. A eso se añaden los debates de varias comunidades autónomas que apuestan por más restricciones para prevenir la ludopatía y que el sector considera un freno a su desarrollo.

Con todo, la situación es un tanto diferente a la que el sector vivió en 2008 con su posterior depresión, porque se suma el problema sanitario que afecta directamente a un buen número de sus clientes. Por edad, el público de los bingos es el más temeroso a los contagios y el que más se retrae a la hora de volver a probar suerte con los cartones. “Las empresas y las administraciones lo están intentando paliar abriendo más espacios para que se puedan introducir máquinas, que son una parte importante de los ingresos”, explica Gómez. En hostelería, la apertura de terrazas y espacios al aire libre ha alejado a los clientes de las citadas máquinas tipo B, y en los casinos, el menor turismo internacional pasa factura a las mesas, que sin embargo tienen que seguir pagando los cánones correspondientes.

Con mayores necesidades de financiación, los grandes grupos que dominan el sector se están recolocando: Codere (Bingo Canoe, apuestas del Real Madrid entre otros) ha quedado en manos de los acreedores y cerraba hace diez días un complicado plan de financiación, aunque su negocio no depende solo del mercado español. Poco después se anunciaba que la compañía murciana Orenes ha absorbido a la histórica Recreativos Franco (fabricante de la mayoría de máquinas vendidas en España) tras años de pérdidas del negocio hasta ahora propiedad de Jesús Franco. La propia Orenes, que perdió 22 millones el año pasado, reconocía hace un mes en Cincodías que sus ingresos no se recuperarían hasta 2023. Por su parte, Cirsa, la empresa española en manos del fondo Blackstone (Sportium, casino de Marbella o La Toja), cosechó números rojos de 140 millones (las pérdidas se recortaron un 43% respecto a 2020).

En esta marea de pérdidas, algunas comunidades autónomas, como Aragón, están debatiendo nuevas regulaciones sobre la actividad y limitando la instalación de locales cerca de centros escolares. El sector argumenta que se estudian medidas “que no son efectivas, como distancias a todo tipo de centros, incluso en Baleares se plantearon hacerlo con las guarderías”, en palabras del director de la patronal. “En Valencia, con las limitaciones impuestas, habría que cerrar la mayoría de los locales. Defendemos que haya que proteger a los jóvenes, con multas, con controles en los locales, con retiradas de licencia... eso son medidas lógicas, no las distancias a los colegios”, cree. Desde Comisiones Obreras Luis Javier Prieto, secretario de negociación colectiva, pide “mesas de diálogo en las autonomías” para que todas las partes puedan debatir sobre cómo enfocar la regulación y se escuche al sector. Junto a UGT, el sindicato acaba de firmar acuerdos con varias patronales en defensa de los empleos ante una situación que, piensan, “puede terminar obligando a cerrar muchos establecimientos, algo que genera gran preocupación”. Reclaman que las ayudas públicas también lleguen al juego, “porque aquí se está generando empleo de calidad, no solo empleo precario como aparentemente se puede pensar desde la opinión pública”, defiende Prieto. Directamente hay 47.683 trabajadores vinculados al juego privado, y más de 85.000 empleos si se tienen en cuenta a los vendedores de Selae y ONCE.

Impuestos y empresas en Malta

Las empresas, que pagaron el año pasado 773 millones en impuestos especiales además de sus contribuciones vía impuesto de sociedades, Seguridad Social, IVA o IAE cuando se da el caso, creen que hay dos cosas innegables en el sistema impositivo del juego: la primera, “el barroquismo de la normativa fiscal, abrumadora y compleja”, y el segundo, los “elevados porcentajes” que se restan de los márgenes. Además, añade Gómez Yañez, hay “una gran discrepancia entre los impuestos girados y cobrados, esto irá saliendo a lo largo del año que viene”. En Castilla y León, cita, hay un caso sorprendente: se han devengado 28 millones en impuestos cuando la facturación ha sido solo de 52 millones. “Muchas comunidades han girado tasas sobre salas que han sido forzadas a cerrar por el estado de alarma”.

Más allá de los impuestos, igual de barroca parece la estructura corporativa de algunos grupos, en especial del juego online. En Gibraltar y Malta siguen estando las sedes fiscales de las plataformas más populares (William Hill, Bet 365, 888, Betway), según se recoge en el Anuario del Juego, pero saber la carga impositiva que abonan es complicado. “Cuando en 2011 se regula el juego online en España ya había empresas que estaban operando de forma irregular” desde los mencionados países, explica Landaluce. Tras la regulación, se permitió a esas empresas que siguieran con sus clientes, conservando su experiencia de años anteriores en el sector y, en cambio, las operadoras nacionales que arrancaron en ese momento (la mayoría desde Ceuta, con un régimen fiscal más atractivo) quedaron rezagadas respecto al resto.

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Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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